La Justicia Penal Militar y Policial de Colombia dictó una sentencia condenatoria contra dos soldados regulares, adscritos al Batallón de Policía Militar N.° 3, después de encontrarlos responsables de negociar armamento oficial con un grupo armado organizado en el Valle del Cauca. Los uniformados, cuya identidad fue reservada por las autoridades judiciales, pactaron la entrega de material bélico a cambio de una suma millonaria en el municipio de Jamundí.
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El trato, que desató una alerta interna en las Fuerzas Militares, consistió en la entrega de un fusil, un proveedor y 35 cartuchos. Por este material bélico, los uniformados pactaron un pago de 30 millones de pesos. La investigación, adelantada por la Fiscalía 2208 Penal Militar y Policial, reveló que los hechos ocurrieron el pasado 31 de marzo de 2026. Los soldados involucrados aprovecharon su posición dentro de la unidad de Policía Militar para sustraer los elementos de defensa y coordinar la entrega con los enlaces del grupo ilegal.
La gravedad del asunto radica no solo en el hurto de bienes del Estado, sino en el destino del material, ya que Jamundí, un territorio donde la presencia de disidencias y bandas al margen de la ley mantiene a la población civil bajo constante presión.
De las filas a una celda de prisión
Este caso se resolvió antes de cumplirse un mes de los hechos. Los Juzgados 1203 y 1204 (e) Penal Militar y Policial de Conocimiento Especializado emitieron un fallo contundente: 42 meses de prisión para los implicados.
Según el fallo judicial, la pena de tres años y medio de prisión no cuenta con ejecución condicional, lo que significa que el cumplimiento será efectivo tras las rejas en su totalidad. Además, se les impuso la interdicción de derechos y funciones públicas, sumado a la separación absoluta de la Fuerza Pública.
Un mensaje emitido por la entidad
La rapidez del proceso judicial, que incluyó la captura legalizada por el Juzgado 1715 y la medida de aseguramiento del Juzgado 1718, busca mitigar el escándalo que supone el tráfico de armas desde adentro de los batallones. Este sistema de justicia ha sido enfático en que este tipo de conductas no tienen cabida en un contexto de seguridad tan frágil.
En el comunicado emitido por la Justicia Penal Militar y Policial de Colombia, la entidad justificó la celeridad del fallo asegurando que:
“Con la decisión se reafirma el compromiso de las diferentes instancias de la jurisdicción, para resolver con celeridad estos hechos que ponen en riesgo la seguridad de la Fuerza Pública y de la comunidad”.