El Juzgado 25 Penal del Circuito de Bogotá impuso una sanción de cinco días de arresto y una multa de cinco salarios mínimos legales vigentes contra el médico y exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, en su calidad de agente especial interventor de la Nueva EPS. La decisión judicial responde al desacato de un fallo de tutela emitido el 16 de diciembre de 2025, el cual exigía a la entidad promotora de salud reembolsar más de 62 millones de pesos a una paciente que se vio forzada a costear de su propio bolsillo un insumo médico de carácter vital.
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El origen de esta determinación judicial expone las barreras de acceso del sistema de salud a través del caso de Luz Mila Ferreira. La ciudadana requería con urgencia un dispositivo médico indispensable para su tratamiento médico. Ante el silencio y la negativa práctica de la Nueva EPS para autorizar el suministro, Ferreira recurrió a sus propios fondos, pagando la suma exacta de COP 62.835.004 para cuidar su salud.
A pesar de que la tutela inicial falló a su favor y fijó un plazo perentorio de 72 horas para que la entidad efectuara el reembolso, la orden fue ignorada durante más de cuatro meses por la prestadora de salud.
La responsabilidad administrativa frente a los derechos del paciente
El despacho señaló que la Nueva EPS incurrió en una conducta dolosa al omitir conscientemente el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales. Según las consideraciones del juzgado, la entidad limitó su accionar a solicitar el aplazamiento de diligencias sin ejecutar actuaciones reales y efectivas para saldar la deuda con la ciudadana, demostrando una “falta de voluntad” y no una incapacidad material.
La sanción recae de forma directa sobre Ospina a pesar de su llegada reciente a la dirección. El médico asumió la intervención de la entidad el 13 de abril de 2026, reemplazando a Luis Óscar Galvis. Para la justicia, el acto de posesión en el cargo conlleva la asunción inmediata de los pasivos y requerimientos legales activos. Ospina deberá consignar la multa a las órdenes de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial y acatar la privación de la libertad, a menos que demuestre el cumplimiento inmediato del pago a la accionante.
Consecuencias legales y vigilancia a la Nueva EPS
Este escenario agrava el panorama institucional de una de las EPS con mayor volumen de usuarios en el país. El juzgado ordenó compulsar copias y oficiar a la Superintendencia de Salud para que abra el respectivo proceso sancionatorio contra la entidad por su reiterada renuencia frente a los despachos judiciales.
De forma paralela a esta crisis por la falta de atención a los pacientes, la Procuraduría General de la Nación avanza en una indagación disciplinaria que involucra al actual interventor y a Luz María Múnera, con el fin de esclarecer presuntas irregularidades en la designación y en la ejecución del proceso de intervención estatal. Por lo pronto, el expediente del desacato será trasladado de manera automática al Tribunal Superior de Bogotá para surtir el grado de consulta, instancia que deberá ratificar las sanciones impuestas.