El escenario político de cara a las próximas elecciones presidenciales suma un nuevo capítulo judicial. El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció la apertura de una indagación preliminar contra el candidato presidencial Iván Cepeda, tras recibir una serie de denuncias que señalan presuntas irregularidades en la financiación de su campaña para la consulta interpartidista del Pacto Histórico, realizada el pasado 26 de octubre de 2025.
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La decisión del tribunal electoral se sustenta en quejas interpuestas por ciudadanos y figuras públicas, entre quienes destacan el senador Jota Pe Hernández y el exconcejal de Cali Juan Martín Bravo.
Los aportes en cuestión: ¿Se superó el tope legal?
El foco de la investigación se centra en dos movimientos financieros específicos que, sumados, podrían haber vulnerado las reglas de juego electoral:
- Un aporte de la empresa SAMAT PUBLICIDAD S.A.S. por un valor de $609 millones.
- Una contribución de Javier Antonio Pérez Páez, representante legal de dicha empresa, por $116 millones.
Según los denunciantes, estos montos combinados estarían superando el límite del 10% de financiación privada permitido por la normativa vigente. De acuerdo con el artículo 23 de la Ley 1475 de 2011, ninguna campaña o candidato puede recaudar contribuciones individuales que excedan el 10% del valor total de los gastos autorizados para dicha contienda.
Requerimientos y pruebas
Ante la gravedad de los señalamientos, el CNE ya notificó formalmente al candidato Iván Cepeda para que, en un plazo de 10 días hábiles, presente sus descargos y aporte las pruebas documentales que considere necesarias para su defensa.
De igual manera, el organismo electoral ha solicitado a la empresa SAMAT PUBLICIDAD S.A.S. acreditar documentalmente el origen de los recursos reportados, exigiendo la entrega de extractos y soportes bancarios que den claridad sobre la transacción.
El futuro de la investigación
Este proceso preliminar buscará determinar si existen méritos suficientes para formular cargos formales. En caso de comprobarse la violación de los topes de financiación, el candidato podría enfrentar sanciones administrativas que van desde multas económicas hasta consecuencias sobre la validez de su participación en el proceso electoral.
Por ahora, el país queda a la espera del pronunciamiento oficial de Cepeda y de la documentación que pueda arrojar luz sobre la transparencia de los recursos invertidos en la consulta del Pacto Histórico.