El presidente Gustavo Petro condenó las imágenes registradas durante los recientes enfrentamientos en el centro de Bogotá, donde manifestantes de la comunidad emberá ubicaron a menores de edad en la primera línea de choque frente a la fuerza pública. “Esto no lo admito. Los niños y las niñas son primero en la sociedad”, sentenció el jefe de Estado a través de su cuenta de X, respaldando de forma directa la denuncia penal interpuesta horas antes por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
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El pronunciamiento del mandatario elevó al máximo nivel de debate público una crisis de vulneración de derechos que quedó expuesta por grabaciones en la zona de las protestas. El material audiovisual, captado desde los pisos superiores del Ministerio del Interior, documenta el momento exacto en el que un hombre adulto toma a un niño y lo levanta para enfrentarlo a los agentes de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO).
La prueba que motivó la judicialización de los líderes
La instrumentalización infantil en medio del lanzamiento de piedras y palos, que según los reportes en terreno se repitió con otros niños, desató la respuesta judicial del Estado de manera inmediata. Astrid Cáceres, directora del ICBF, calificó el comportamiento de inexcusable y confirmó la radicación de una denuncia formal para que las autoridades competentes individualicen a los agresores por el presunto delito de uso y utilización de menores.
“Ya interpusimos recursos jurídicos (...) Ojalá pueda la Policía poner en disposición de comisarías y defensorías a los niños y niñas que han sido afectados”, detalló la funcionaria. Cáceres reveló además que la entidad había desplegado una oferta institucional previa para apartar a los menores del conflicto, la cual fue ignorada por los manifestantes: “No hay nada que lo justifique. Ofrecimos refugio, ofrecimos alimento, cama para los niños y niñas y que los adultos sigan con la protesta que tengan que resolver (ojalá tramitando como se deben los conflictos) pero no quisieron”.
La exposición de la población infantil ocurrió en un momento de una jornada crítica de alteraciones al orden público protagonizada por algunos indígenas provenientes de la Unidad de Protección Integral (UPI) La Florida. La comunidad bloqueó de manera sistemática los accesos del ministerio, provocando la retención forzada de más 1.000 trabajadores públicos por más de ocho horas, bajo la exigencia de instalar una mesa de diálogo directa con el Gobierno Nacional. Después de dialogos no llegaron a acuerdo y negociaciones con la entidad gubernamental.
La Secretaría de Gobierno del Distrito entregó el balance de la intervención, confirmando que un menor de edad emberá resultó lesionado en medio de la confrontación y requirió asistencia en salud y las autoridades gestionaron el traslado prioritario en ambulancia de un adulto de la misma comunidad.