Gerson Enrique Salcedo Arias, alias Moto Negra, fue judicializado por la Fiscalía por su presunta responsabilidad en la agresión sexualmente a siete mujeres que requirieron sus servicios como mototaxista en la ciudad de Barranquilla.
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De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados, los hechos ocurrieron en el segundo semestre de 2021, cuando el procesado habría ofrecido sus servicios de transporte a mujeres con destino a Malambo.
La investigación del ente acusador estableció que, en el trayecto, el hombre se habría desviado del recorrido para trasladar a sus víctimas a zonas boscosas, donde presuntamente las intimidaba con armas cortopunzantes, las despojaba de sus pertenencias y las abusaba sexualmente.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Atlántico lo imputó por los delitos acceso carnal violento y hurto calificado, las dos conductas agravadas, pero el señalado no aceptó los cargos.
Un juez de control de garantías le impuso una nueva medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, en el entendido que actualmente ‘Moto Negra’ se encuentra privado de la libertad por otros hechos en los que también estaría involucrado.
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A la cárcel presuntos responsables de millonario hurto
La Fiscalía también judicializó a siete hombres que estarían involucrados en el hurto de un carro de valores ocurrido el 18 de enero de 2025 en Soledad, Atlántico.
Albeiro José Buelvas Blanco, Alexander Manuel Mendoza Maduro, Romario Romero Alemán, Luis Gustavo Romero Alemán, Fabián Arturo Llamas Pacheco, Edwin de Jesús Blanco Pacheco y Pedro Nair Silva Mena habrían robado una millonaria cifra tras intimidar a los escoltas de una empresa transportadora de valores, realizaron disparos para reducirlos y apoderarse de una tula con cerca de $ 410 millones en efectivo y un arma de fuego.
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Una fiscal de la Seccional Atlántico imputó a estas personas de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, por los delitos de concierto para delinquir; hurto calificado y agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y homicidio en grado de tentativa. Los procesados no aceptaron cargos y un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.