En un operativo de gran envergadura que combina justicia histórica y contundencia financiera, la Fiscalía General de la Nación, en articulación con el CTI y el Ejército Nacional, logró la ocupación de 19 bienes vinculados al desaparecido Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
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Las propiedades, valoradas en más de 65.000 millones de pesos, no solo representan un golpe al patrimonio derivado del conflicto armado, sino que se convierten en un activo fundamental para el Fondo para la Reparación a las Víctimas. Las medidas cautelares de embargo y secuestro fueron ordenadas por un magistrado de Justicia y Paz de Medellín, poniendo fin a décadas de maniobras legales para ocultar estos predios.
El Cocuelo: El corazón logístico del paramilitarismo en el Urabá
Dentro del inventario de bienes afectados destaca una propiedad con un peso simbólico y estratégico incalculable: la Hacienda El Cocuelo, situada en Turbo, Antioquia. Según las investigaciones, este terreno no era una finca cualquiera; funcionó durante años como el cerebro logístico y financiero del grupo armado ilegal en la región del Urabá.
Para intentar evadir el radar de las autoridades, el predio original fue sometido a una compleja maniobra de ingeniería jurídica:
- Fue fragmentado en 15 parcelas con matrículas independientes.
- Se registraron a nombre de múltiples testaferros.
- Se realizaron transacciones sucesivas para “limpiar” el origen del activo.
Sin embargo, el trabajo de campo y la reconstrucción histórica del CTI permitieron demostrar que el terreno seguía siendo el soporte económico de la estructura criminal.
Operación en tres departamentos
Aunque el foco principal estuvo en el Urabá antioqueño, la Dirección de Extinción del Derecho de Dominio extendió sus operativos a los Llanos Orientales. Además de los predios en Antioquia, se materializaron medidas sobre cuatro activos adicionales (uno urbano y tres rurales) ubicados en los departamentos de Meta y Casanare.
Las labores de policía judicial incluyeron un exhaustivo análisis predial y verificación documental que confirmaron que estas tierras, además de generar rentas ilícitas, sirvieron como refugio y centros de control territorial para las estructuras armadas en su momento de mayor expansión.
Justicia y reparación
Con esta acción, el Estado busca saldar una deuda pendiente con las comunidades afectadas por el accionar del Bloque Bananero. Al pasar a manos del Fondo para la Reparación, estos miles de millones de pesos en tierras y construcciones dejarán de ser símbolos del horror para convertirse en recursos destinados a proyectos de restitución y bienestar para quienes sufrieron el rigor de la guerra en estas regiones.
Este resultado se suma a los esfuerzos recientes por desmantelar las redes de activos que, aún después de la desmovilización, siguen en manos de terceros vinculados a las antiguas estructuras de las AUC.