En una operación que reconfigura el sector de telecomunicaciones en Colombia, el Gobierno nacional concretó este viernes 24 de abril la venta de su participación accionaria en Colombia Telecomunicaciones S.A. (Coltel), empresa operadora de la marca Movistar en el país. El comprador fue Millicom, matriz de Tigo, que se adjudicó el paquete accionario por 856.003 millones de pesos, según informó la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).
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La transacción corresponde al 32,5 % del capital social de Coltel, representado en más de 1.108 millones de acciones ordinarias que estaban en manos del Ministerio de Hacienda. Aunque esa participación no daba control al Estado sobre la compañía, sí lo mantenía como uno de sus accionistas más relevantes.
Con esta operación, el Gobierno sale formalmente de la propiedad de Movistar Colombia y al mismo tiempo se despeja uno de los pasos clave hacia la integración entre Tigo y Movistar, un proceso que ya contaba con aval regulatorio y que ahora toma mayor fuerza.
Millicom fue el único oferente y se quedó con todo el paquete accionario
El proceso de venta se había activado desde diciembre de 2025 con la expedición del decreto 1491, mediante el cual se puso en marcha el programa de enajenación.
La operación se diseñó en dos etapas. En la primera, dirigida a destinatarios de condiciones especiales como trabajadores, pensionados, sindicatos, cooperativas y fondos de empleados, las acciones fueron ofrecidas a un precio fijo de 772,38 pesos por unidad. Sin embargo, el remanente no adquirido pasó a una segunda fase reservada para inversionistas precalificados.
Fue en esta etapa donde se aplicó un esquema de oferta “todo o nada”, lo que significaba que cualquier interesado debía adquirir la totalidad del paquete disponible. Bajo esas condiciones, Millicom fue el único actor que presentó oferta y logró quedarse con la totalidad de las acciones.
El movimiento fortalece la posición de la multinacional en el mercado colombiano y acelera el proceso de consolidación entre dos de los principales jugadores del sector móvil y de conectividad del país.
¿Por qué el Gobierno decidió vender su participación?
Desde el Ejecutivo se había planteado esta venta como parte de una estrategia para desprenderse de activos considerados no estratégicos. La decisión se sustentó en lineamientos de política pública que promueven concentrar recursos estatales en funciones sociales y no en actividades que pueden ser administradas por el sector privado.
Bajo ese enfoque, la participación en Coltel fue catalogada como un activo prescindible cuya monetización permitiría liberar recursos para prioridades fiscales.
Los más de 856.000 millones de pesos obtenidos, según lo planteado por el Gobierno, estarán orientados a gasto social y equilibrio fiscal, en línea con los objetivos definidos al aprobarse el programa.
La operación también ocurre en un momento en que el mercado de telecomunicaciones enfrenta presiones por inversiones tecnológicas, despliegue de redes y competencia en servicios móviles y de internet.
¿Qué cambia para los usuarios de Movistar y Tigo?
Uno de los grandes interrogantes tras la transacción es qué ocurrirá con los clientes de ambas compañías. Aunque la operación es accionaria y no implica cambios inmediatos para usuarios, sí refuerza el camino hacia una integración empresarial que podría tener efectos en servicios, cobertura, infraestructura y oferta comercial en el mediano plazo.
Expertos del sector observan que una eventual consolidación entre Tigo y Movistar podría modificar el equilibrio competitivo del mercado, especialmente frente a otros grandes operadores.
También se abre el debate sobre si esta integración derivará en mayores eficiencias, mejores servicios y expansión tecnológica, o si generará preocupaciones sobre concentración en el sector.
Una venta con impacto fiscal y estratégico
Más allá de los recursos obtenidos, la salida del Estado de Coltel representa un movimiento estratégico que puede marcar un punto de inflexión en el sector telecom en Colombia.
La adjudicación a Millicom no solo tiene implicaciones financieras para el Gobierno, sino que redefine la estructura accionaria de uno de los operadores más relevantes del país y fortalece una integración empresarial que venía tomando forma.
Con esta venta, Colombia da un paso en la reorganización de activos públicos, mientras el mercado observa cómo este movimiento puede transformar la competencia, la conectividad y el futuro de las telecomunicaciones en el país.