De acuerdo con la entidad, estos hechos se concentran principalmente en los departamentos de Norte de Santander, Antioquia y Caquetá, zonas donde persiste la presencia de grupos armados ilegales.
Las cifras hacen parte del seguimiento que realiza la Defensoría a través de su sistema de registro de vulneraciones a los derechos humanos, en el que se advierte que el reclutamiento infantil sigue siendo una problemática vigente en el país.
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Según los datos más recientes, el 63% de los casos corresponde a niños y adolescentes, mientras que el 37% afecta a niñas y adolescentes. Además, la mayoría de las víctimas no se reconoce dentro de un grupo étnico, aunque también hay afectaciones en comunidades indígenas y afrocolombianas.
En cuanto a los responsables, el informe señala que estructuras como el Estado Mayor de los Bloques y Frentes y el ELN figuran entre los principales presuntos actores detrás de estos hechos, junto con otros grupos armados sin identificar.
Llamado urgente a candidatos presidenciales
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a quienes aspiran a la Presidencia de la República para que prioricen acciones concretas frente a esta problemática.
En el documento “Decisiones impostergables en materia de derechos humanos”, la entidad pidió implementar estrategias de prevención integrales, con enfoque diferencial y participación activa de las comunidades.
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“El buen futuro de niñas, niños y adolescentes no debe ponerse en riesgo”, advirtió la Defensoría, insistiendo en la necesidad de respuestas urgentes del Estado para frenar este delito.
El reclutamiento forzado de menores sigue siendo una de las violaciones más graves en el contexto del conflicto armado en Colombia, con impactos profundos en las comunidades más vulnerables del país.