La viabilidad financiera de las clínicas y hospitales en Colombia enfrenta un escenario crítico luego de confirmarse que la deuda del sistema de salud alcanzó los 25,7 billones de pesos al cierre de diciembre de 2025. El impago sistemático, impulsado principalmente por las Entidades Promotoras de Salud (EPS) bajo intervención estatal, estaría asfixiando el flujo de caja de los prestadores de servicios, poniendo en riesgo el pago de nóminas, la compra de insumos tecnológicos y la atención ininterrumpida de millones de pacientes en el territorio nacional.
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De acuerdo con el más reciente estudio de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), que evaluó los estados financieros de 232 instituciones, la cartera registró un incremento de 1,7 billones de pesos colombianos (7 %) en apenas seis meses frente al corte de junio. El deterioro de los pagos pasó del 56 % al 58 %, sumando 1,4 billones de pesos adicionales a las obligaciones con plazos vencidos.
¿Las EPS intervenidas concentran el hueco fiscal?
El cruce de datos del gremio reveló que las medidas especiales aplicadas por el Gobierno Nacional no han logrado frenar el nivel de endeudamiento. Actualmente, diez EPS intervenidas agrupan 12,6 billones de pesos del saldo total. Esta cifra representa casi el 70 % de la deuda generada por las aseguradoras que continúan operando y presenta un nivel del 65,6 %.
Al revisar el listado de las mayores deudoras individuales, Nueva EPS encabeza el escalafón en ambos regímenes con compromisos pendientes que superan los 7,3 billones de pesos y una mora del 67 %. La siguen en volumen de obligaciones entidades como Coosalud, Sanitas, Savia Salud y Emssanar. En contraste, entidades como Sura, Aliansalud y Fundación Salud Mia registran los porcentajes de morosidad más bajos del sector.
El panorama empeora al sumar el pasivo dejado por las EPS que ya fueron liquidadas o solicitaron su retiro. Organizaciones como Medimás, Coomeva, Cafesalud y Saludcoop dejaron tras de sí deudas por más de 1,9 billones de pesos. La totalidad de esta cartera se encuentra vencida y sus probabilidades de recaudo son prácticamente nulas.
A esto se suma el Estado como tercer gran deudor. Entidades gubernamentales adeudan cerca de 1,9 billones de pesos, donde la Administradora de los Recursos del Sistema (ADRES) y los entes territoriales concentran obligaciones por más de 610.000 millones de pesos cada uno. Las aseguradoras privadas están exentas a la estadística, con el ramo SOAT acumulando una mora de 369.000 millones de pesos.
Ciertas medidas para evitar el apagón médico
El impacto de este embotellamiento de recursos es directo en la operatividad diaria. La ACHC advierte que hoy casi el 50 % de los activos totales de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) son cuentas por cobrar, lo que obliga a los hospitales a operar al límite de sus capacidades.
Ante el inminente colapso en la red de prestación de servicios, la ACHC dijo que para destrabar los recursos y proteger a los pacientes, se exige la capitalización real y efectiva de las EPS activas y la ampliación del giro directo desde el Estado hacia las clínicas y hospitales. De igual forma, la asociación propone la constitución de un fondo de garantías que respalde el pago de los servicios médicos ya prestados y una vigilancia estricta sobre la dispersión de pagos para evitar la concentración de recursos en redes privilegiadas.