El destino del sistema de salud colombiano y la supervivencia operativa de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) recaen en el Senado de la República. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, confirmó este lunes que el proyecto de reforma estructural sigue vigente en el legislativo. Luego de los hundimientos previos registrados en la Comisión Séptima, la iniciativa depende ahora de que los presidentes de las demás comisiones habiliten el trámite de apelación para llevar la discusión directamente a la plenaria.
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El debate parlamentario coincide con la revelación de presuntas operaciones de fraude masivo dentro de los cobros institucionales al Estado. Según declaraciones reportadas por La FM, Jaramillo advirtió que la crisis financiera y de atención no puede simplemente heredarse a una futura administración. Exigió a los congresistas asumir una postura definitiva para frenar las fallas históricas que limitan el acceso de los ciudadanos a los servicios médicos, aclarando que, si bien el Ejecutivo reconoce la profunda crisis de las aseguradoras, el Gobierno mantiene su negativa frente a los procesos de liquidación masiva.
Auditoría en tiempo real para frenar fugas de capital
Para contrarrestar la opacidad en el manejo de los recursos, el Gobierno Nacional oficializó una reestructuración inmediata en la validación y el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). En articulación directa con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el Ministerio activó un esquema de facturación electrónica conectado de forma obligatoria a los registros de prestación de servicios. La nueva herramienta tecnológica permite auditar en tiempo real si la atención reportada concuerda con los dineros exigidos al sistema de salud.
La implementación de este seguimiento responde a hallazgos calificados por el jefe de la cartera como un desangre financiero evidente. Pese a que el presupuesto de la UPC experimentó un crecimiento de 1,2 puntos del PIB, en el que se ha inyectando más de 22 billones de pesos adicionales al sistema, las auditorías exponen un desvío estimado en 4 billones de pesos, centrados en cobros irregulares por medicamentos y servicios a personas muertas.
El Ministerio destapó la presunta facturación activa a nombre de 308.000 ciudadanos fallecidos, cobros repetidos por cirugías únicas (como apendicectomías múltiples a un mismo paciente) y la radicación de 154 operaciones de pene realizadas, de manera ilógica, a mujeres. Jaramillo denunció que parece ser que los actores del sistema exigen mayores giros económicos mientras bloquean la constatación formal de sus egresos.
Al mismo tiempo, el señalamiento gubernamental recayó sobre Coosalud EPS. Tras una veeduría que detectó severas anomalías en sus estados financieros, el Ministerio remitió la documentación a la Fiscalía General de la Nación. El ministro solicitó que se ejecute de forma rápida para aplicar el levantamiento del velo corporativo de la aseguradora, criticando que el manejo de la entidad regresara a los mismos directivos involucrados en las irregularidades.
La tensión institucional también se trasladó hacia los grandes gremios económicos; Jaramillo acusó públicamente al presidente de la Andi, Bruce Mac Master, de agravar el déficit hospitalario mediante exenciones tributarias al sector privado que superan los 52 billones de pesos desde el año 2018.