Las autoridades les vienen poniendo la lupa a las redes que se dedican a tramitar licencias de conducción y certificados para personas que no concluyen los cursos contemplados por la ley. En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación confirmó que judicializó a varias personas por hechos similares.
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Por medio de un comunicado de prensa, el ente investigador puso en evidencia cómo operaba una red delictiva que habría estado compuesta por siete empleados de un centro de formación automovilística en el municipio de Samacá, Boyacá.
Según la Fiscalía, estas personas habrían estado detrás de la expedición irregular de certificados de aptitud para la obtención de licencias de conducción a personas que no habían cumplido con los requisitos contemplados en la ley.
“Se trata de Karen Julieth Escala Rodríguez, Julieth Alejandra Muñoz Sanabria, Euliber Páez Tovar, Jorge Andrés Zapata Rico, Cristian Camilo Cuadrado Pimiento, Winston Andretti Forero y Ronald Albeiro Trujillo Moreno. Estas personas habrían participado, de manera individual, en 18 eventos ilícitos ocurridos entre enero y septiembre 2024. En estos casos, Escala Rodríguez y Muñoz Sanabria presuntamente consignaron información falsa en los sistemas que se entrelazan con el Ministerio de Transporte y las secretarías de movilidad para acreditar que usuarios superaban todas las pruebas requeridas sin dificultad, cuando la realidad era otra”, explicó la Fiscalía en su pronunciamiento.
Adicionalmente, el ente investigador advirtió que los demás involucrados son señalados de la presunta alteración de planillas para reportar que los aprendices habían aprobado sus clases prácticas. Sin embargo, la Fiscalía encontró material probatorio que demostraría que los beneficiados no asistieron ni tampoco superaron los requisitos que fijan las normas.
A estas personas, además, los señalan de adelantar registros biométricos utilizando maniobras “fraudulentas” con el fin de darle un disfraz de legalidad a las actividades que estaban adelantando.
Los sujetos no aceptaron los cargos
Ante estos hechos, un fiscal de la Unidad de Fe Pública y Patrimonio Económico de la Seccional Boyacá de la Fiscalía tomó la decisión de imputarles a estas siete personas los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal.
Pese al material probatorio que el ente investigativo mencionó que tenía, las personas judicializadas no aceptaron los cargos.