La incursión de integrantes de la estructura Franco Benavides, disidencias de las Farc, en una institución educativa rural de Policarpa, Nariño, encendió las alertas del Gobierno Nacional. A través de un video y fotografías difundidas recientemente, se observa a uniformados de este grupo ilegal interactuando con estudiantes dentro de un salón de clases, entregando útiles escolares. El hecho ha sido tipificado por el Estado como una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
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Según fuentes de inteligencia citadas por Caracol Radio, el ingreso a la escuela habría ocurrido hace aproximadamente un mes. Las imágenes muestran a los disidentes conversando y tomándose fotografías con los niños y adolescentes. Aunque en los registros visuales los individuos no portan armamento, su injerencia y estatus como miembros de un grupo ilegal dentro de un entorno escolar constituye una vulneración directa a los derechos de la niñez.
Violación a los espacios protegidos por el DIH
La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos rechazó categóricamente la acción, subrayando que las escuelas son bienes protegidos por las normas de la guerra y la legislación internacional. A través de sus canales oficiales, la entidad alertó sobre el impacto de estas acciones en la población civil más vulnerable.
“Rechazamos su exposición a escenarios de riesgo, la instrumentalización o cualquier forma de injerencia por parte de actores armados. Es importante recordar que los entornos escolares son bienes protegidos por el DIH y por tanto, su ingreso constituye una grave infracción”, declaró la Consejería.
¿Propaganda ilegal e instrumentalización de menores?
El material audiovisual revela un lo que sería un intento de adoctrinamiento y posicionamiento social. En el video se incluyeron mensajes sobreimpresos que afirman estar “haciendo felices a los niños con útiles escolares donde el Estado los tiene abandonados”. Para las autoridades de derechos humanos, esta táctica busca normalizar la presencia de la estructura Franco Benavides en el territorio, utilizando a los menores como vehículos de su discurso político. La Consejería fue enfática al recordar que los niños y adolescentes son “sujetos de especial protección” que deben mantenerse estrictamente al margen de las acciones de los grupos ilegales.
Un llamado urgente a salvaguardar las aulas
El Gobierno calificó como “inadmisible” la presencia de las disidencias en espacios que deben ser exclusivos para el cuidado y el aprendizaje. La entidad gubernamental lanzó una exigencia directa a la estructura involucrada para que cumpla con sus obligaciones frente al DIH y cese cualquier actividad de acercamiento a la población infantil.
“Las escuelas deben ser espacios de cuidado, aprendizaje y construcción de paz, no escenarios de disputa o influencia armada”, puntualizó la Consejería, exhortando a las autoridades competentes a iniciar las acciones necesarias para garantizar la seguridad en Nariño y evitar que la niñez siga siendo instrumentalizada en la región.