El alcalde de Sabanalarga, José Elías Chams, denunció públicamente un grave caso ocurrido en su municipio: una menor de edad habría sido entregada por sus propios padres como garantía de una deuda a un prestamista informal y posteriormente devuelta embarazada.
¿Qué se sabe del caso denunciado?
Según explicó el mandatario tras un Consejo de Seguridad realizado en Baranoa, los hechos no fueron reportados ante la Policía ni la Fiscalía, lo que ha impedido una intervención judicial. De acuerdo con su relato, la menor fue entregada a un cobrador conocido como “gota a gota”, quien la retuvo entre 30 y 60 días antes de devolverla a su familia.
“Una persona debe un dinero a cuentagotas y le entrega su hija para que la use 30 o 60 días y luego se la entrega embarazada”, afirmó Chams, al exponer la gravedad de la situación.
¿Por qué no hay denuncia formal?
El alcalde señaló que el caso no fue puesto en conocimiento de las autoridades, lo que dificulta avanzar en investigaciones y judicializar a los responsables. En ese sentido, insistió en la necesidad de fortalecer la presencia institucional en el territorio y garantizar canales de denuncia efectivos para la población.
¿Qué revela este caso sobre la situación en la región?
Para el mandatario, este hecho refleja una profunda problemática social marcada por la pobreza extrema y la vulnerabilidad de algunas familias, así como los abusos asociados a los préstamos informales conocidos como “gota a gota”.
Este sistema, que opera al margen de la legalidad, ha evolucionado con la digitalización, incluyendo plataformas que ofrecen créditos rápidos a través de aplicaciones móviles, redes sociales y páginas web, sin regulación ni garantías para los usuarios.
¿Qué medidas anunció el Gobierno?
En medio de este panorama, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció el envío de refuerzos de seguridad al departamento del Atlántico. Entre las medidas se incluyen un destacamento del Gaula, un pelotón adicional del Ejército y nuevas unidades de Policía Judicial.
Además, se informó que en Atlántico se ampliará el sistema de videovigilancia, pasando de 411 a 580 cámaras en 19 municipios, incluyendo Sabanalarga.
La denuncia del alcalde puso sobre la mesa los riesgos que enfrentan comunidades vulnerables ante la falta de acceso a mecanismos formales de crédito y protección, así como la urgencia de fortalecer la acción del Estado frente a estos delitos.