La Corte Constitucional publicó el viernes 17 de abril la Sentencia de Unificación SU-184 de 2025 que ordena a la Iglesia Católica abrir sus archivos clasificados de sacerdotes denunciados en Colombia por abuso sexual. La medida fijó un nuevo estándar que obliga a diócesis, arquidiócesis y congregaciones a entregar a periodistas los nombres, trayectorias y denuncias de sus clérigos.
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Esta decisión es producto de la insistencia, entre otras, de los periodistas Juan Pablo Barrientos y Miguel Ángel Estupiñán Medina por acceder a los documentos de la Iglesia sobre casos de abuso sexual, hecho que les fue negado en múltiples ocasiones por miembros de esta institución religiosa.
Ante esto, la Conferencia Episcopal de Colombia, que agrupa a todos los obispos católicos del país, respondió con un comunicado la sentencia de la Corte. “La Iglesia Católica en Colombia respeta y acata la decisión de la Corte Constitucional y reitera su compromiso para que en el marco del Estado de Derecho no exista impunidad de los delitos sexuales cometidos en ambientes eclesiales”, señaló.
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Además, se dirigió a las víctimas afirmando: “Nuestra solidaridad está con todas las víctimas: asumimos su dolor, les pedimos perdón y nos comprometemos a buscar los cauces para que sus derechos fundamentales sean respetados, incluyendo la reparación integral”.
La misiva dice rechazar cualquier forma de abuso y reafirmar el compromiso de la Conferencia con el deber de denuncia. “Por eso hemos desarrollado el Sistema de Cultura del Cuidado, que incluye prevención, atención a víctimas, formación y cooperación con autoridades”, aseguran, precisando que el equipo jurídico estudiará en profundidad la sentencia cuando sea notificada “con el fin de determinar los pasos a seguir”.
“Todas las acciones a que haya lugar se adelantarán en el marco de las normas y la ley colombiana, siempre en línea con la misionalidad de la Iglesia y del Estado. La información que al respecto sea de interés público se comunicará oportunamente siempre que sea jurídicamente posible y, sobre todo, humanamente responsable”, termina diciendo la carta, que deja dudas sobre qué medidas adoptará la Iglesia frente a la orden de la Corte.