La Fiscalía General de la Nación judicializó al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, y la particular María Luisa Pedraza Canaria, por su presunta responsabilidad en el direccionamiento de contratos en la Empresa de Construcción de Vivienda (Ecovivienda) entre 2024 y 2025.
El exmandatario habría delegado a la mujer diversas funciones relacionadas con la coordinación de los procesos contractuales en la entidad sin que mediara un vínculo laboral con la administración municipal.
En ese sentido, Pedraza Canaria es señalada de suscribir contratos sin procesos de selección y elegir contratistas que, en muchos casos, no cumplían con los requisitos de ley. De igual manera, al parecer, organizó reuniones para agilizar desembolsos de dinero a los contratistas que no cumplían con los avances de obra pactados, participó en la entrega de mejoramientos de vivienda e impartió instrucciones para que fueran empleadas personas en Ecovivienda.
Por lo anterior, un fiscal de la Seccional Boyacá imputó al alcalde y a la particular, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de asociación para la comisión de un delito contra la administración pública, interés indebido en la celebración de contratos, usurpación de funciones públicas y abuso de función pública.
Los cargos no fueron aceptados por los investigados.