La Contraloría de Bogotá ha ratificado en segunda instancia un golpe contundente contra la corrupción en la educación superior de la capital. Se trata de un fallo con responsabilidad fiscal que asciende a los $30.127 millones de pesos, tras confirmarse una serie de irregularidades sistemáticas en el manejo de los recursos públicos dentro de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
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La investigación, que abarca el periodo comprendido entre 2012 y 2019, reveló cómo dineros que debían fortalecer la academia terminaron en un sistema de administración sombrío y sin vigilancia.
La “Cuenta Paralela”: El epicentro del fraude
El hallazgo más alarmante del organismo de control fue la existencia de una cuenta bancaria que operaba por fuera de los registros oficiales de la institución. Esta cuenta funcionaba como una “caja menor” a gran escala, donde se depositaban recursos provenientes de contratos y convenios interadministrativos.
Al no formar parte de la contabilidad legal de la Universidad, este dinero carecía de los controles exigidos por la ley, lo que permitió que se utilizara sin dejar rastro de su destinación final. La Contraloría calificó esta práctica como una maniobra para evadir el seguimiento institucional y facilitar el desvío de fondos.
Fallas sistémicas y falta de control interno
El fallo subraya que, durante siete años, la Universidad Distrital careció de mecanismos adecuados de control interno, contable y financiero. Esta orfandad administrativa fue el caldo de cultivo para que servidores y exservidores públicos incurrieran en conductas de dolo y culpa grave.
Como consecuencia de este desorden institucional, se configuró un detrimento patrimonial masivo. Los responsables identificados en el proceso ahora tienen la obligación legal de resarcir el daño económico causado a la ciudad.
“Se trata de un caso grave, teniendo en cuenta que los recursos comprometidos estaban destinados al sector educativo. La decisión obliga a los responsables a devolver los dineros y reafirma nuestro compromiso con la protección del patrimonio público”, afirmó el contralor de Bogotá, Juan Camilo Zuluaga Morillo.
¿Qué sigue para los implicados?
Con el fallo ya en firme, los señalados por la Contraloría deberán responder con sus propios patrimonios para cubrir la millonaria suma. Este proceso no solo busca recuperar el dinero, sino enviar un mensaje de “tolerancia cero” frente a la administración de los recursos en las entidades distritales.
La Contraloría de Bogotá anunció que mantendrá una vigilancia especial sobre el sector educativo, asegurando que las acciones de control se intensificarán para garantizar que el presupuesto de los bogotanos se invierta realmente en la formación de los jóvenes y no en el enriquecimiento ilícito de unos pocos funcionarios.
Dato clave: El periodo investigado (2012-2019) coincide con una de las etapas más críticas en la historia administrativa de la Universidad Distrital, que ha estado bajo el ojo del huracán por diversos escándalos de malversación de fondos.