El Juzgado Veinticuatro Administrativo de Bogotá impuso una sanción económica al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, al declararlo en desacato por incumplir una orden judicial de retractación. El fallo, firmado por el juez Yimi Alejandro Sánchez, establece el pago de una multa de 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes por vulnerar los derechos al buen nombre y la honra de Jaime Miguel González Montaño, exgerente de la EPS Coosalud.
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La decisión judicial es tajante al señalar que el mandatario no atendió el amparo constitucional otorgado en noviembre de 2025. Según el documento oficial del juzgado, el despacho resolvió: “Declarar que el señor Gustavo Francisco Petro Urrego (...) ha incurrido en desacato de la sentencia de tutela (...) En consecuencia, IMPONER la sanción de MULTA”.
“No me callaré”: El desafío de Petro a la justicia
Luego de conocerse la sanción, el jefe de Estado utilizó sus redes sociales para ratificar sus acusaciones, asegurando que existen pruebas de irregularidades financieras por más de 200.000 millones de pesos. En una respuesta frontal, Petro vinculó a sectores políticos con el manejo de la EPS y lanzó un desafío directo a las autoridades judiciales.
“Pueden arruinarme con multas y cárcel si quieren, como hicieron cuando salí de la alcaldía, pero no me callaré ante el robo de la salud”, sentenció el mandatario. Petro insistió en que González Montaño es “un corrupto” y cuestionó la labor del togado que emitió la sanción: “¿Por qué el juez no leyó el informe de auditoría forense hecho a Coosalud que me da la razón?”, publicó el presidente.
Los detalles del expediente por desacato
El origen de la disputa radica en declaraciones donde Petro calificó al exgerente de “bandido” y lo acusó de direccionar recursos públicos hacia empresas privadas. Aunque la justicia le ordenó presentar excusas públicas en un plazo de cinco días, el mandatario ha mantenido su postura, alegando que la junta directiva de la entidad, donde menciona a familiares de figuras como Andrés Pastrana y Francisco Santos, debe ser procesada.
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En el fallo de 22 páginas conocido por este medio, el juzgado advierte que su poder de vigilancia no termina con esta multa. Citando el Decreto 2591 de 1991, el documento subraya que “el juez mantendrá la competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de amenaza”, lo que abre la puerta a nuevas sanciones si la retractación no se hace efectiva.
Auditoría forense y presión política
El Presidente sostiene que su denuncia no es infundada y señala directamente a la cúpula de la EPS. “Corruptos y ladrones de la salud son corruptos y ladrones”, afirmó, reiterando que la auditoría demostró un préstamo “leonino” garantizado con recursos del sistema de salud.
Por ahora, el expediente pasará al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para el grado de consulta y se espera a ver que sucede en la totalidad de este caso, pues el Petro calificó como un intento de silenciar sus denuncias sobre el manejo de los dineros públicos en el sector salud.