En una decisión que marca un precedente en la gestión de recursos hídricos en el centro del país, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ha notificado una fuerte restricción a la multinacional Coca-Cola sobre el uso de agua en el municipio de La Calera.
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Tras más de un año de intensos estudios técnicos y bajo la lupa de organizaciones sociales, la autoridad ambiental emitió la Resolución 347 del 14 de abril de 2026, donde se establecen condiciones mucho más severas para la operación de la compañía en la zona.
Menos manantiales y un recorte del 42% en el caudal
La decisión de la CAR es contundente: de los siete manantiales que la empresa tenía concesionados para su operación, se negó la prórroga en tres de ellos. Pero el ajuste no se detiene allí; para los cuatro manantiales restantes donde sí se autorizó la continuidad, el volumen permitido sufrió un recorte drástico.
La captación pasará de 3.23 a solo 1.9 litros por segundo, lo que representa una reducción del 42% del caudal. Además, el tiempo de la concesión, que anteriormente solía ser de una década, se redujo a la mitad: solo 5 años, tras los cuales se evaluará nuevamente la viabilidad según el estado de los ecosistemas.
Vigilancia en tiempo real y blindaje ante el Fenómeno del Niño
Ante la inminente llegada del Fenómeno del Niño y las alertas por sequía en la región, la CAR ha impuesto un “candado” ambiental:
- Captación Cero: Si los niveles del caudal bajan de los límites permitidos por la sequía, la empresa no podrá extraer ni un solo milímetro de agua.
- Monitoreo del IDEAM: Se instalarán medidores con tecnología de monitoreo en tiempo real conectados directamente con el IDEAM para vigilar el uso del recurso minuto a minuto.
- Suspensión inmediata: Ante cualquier emergencia por contaminación o escasez crítica, la captación se detendrá de forma automática.
Compensación: Más de 50 hectáreas de páramo a proteger
La nueva normativa no solo limita el consumo, sino que exige una retribución mayor al territorio. La multinacional deberá ejecutar un plan de compensación que incluye la compra y conservación de más de 53 hectáreas de páramos y ecosistemas altoandinos, vitales para la regulación hídrica de Bogotá y sus alrededores.
Asimismo, la empresa queda obligada a:
- Garantizar el abastecimiento local: Desarrollar obras de infraestructura para asegurar que los acueductos comunitarios no se vean afectados.
- Ciencia y fauna: Instalar estaciones hidrometeorológicas y cámaras para el seguimiento de la fauna silvestre en la microcuenca.
- Transparencia: Reportar anualmente el uso detallado mes a mes para el cálculo de tasas ambientales.
Esta medida responde a una creciente presión ciudadana y a la realidad climática de Cundinamarca, donde la prioridad del agua para consumo humano empieza a imponerse sobre la explotación industrial a gran escala.