El departamento de Santander podría estar retomando la normalidad este martes 14 de abril, luego de que el Gobierno Nacional, la Gobernación y los líderes del gremio campesino alcanzaran un primer acuerdo para levantar los bloqueos que paralizaron la región durante seis días. El eje central del pacto es la revisión inmediata y técnica de los avalúos catastrales que dispararon el impuesto predial en niveles que los manifestantes calificaron de impagables.
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El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, confirmó que después de una jornada de negociación con el director nacional del IGAC, Gustavo Adolfo Marulanda, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, se estableció una hoja de ruta para corregir las “liquidaciones desproporcionadas” en municipios críticos como Lebrija. “Hemos llegado a un acuerdo para solucionar el problema a aquellos campesinos que sintieron un aumento desmesurado”, señaló el mandatario.
La fórmula para ajustar el impuesto predial
La solución técnica radica en una resolución administrativa emitida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Esta normativa autoriza a los directores territoriales para instalar mesas de trabajo permanentes donde se revisarán caso por caso los predios rurales. El objetivo es ajustar los avalúos a la “justa proporción” del mercado, considerando variables que habrían sido ignoradas, como la falta de acceso a agua, vías precarias o riesgos de deslizamiento.
Según explicó el gobernador Díaz, ya se han identificado ejemplos claros de distorsión: terrenos que pasaron de estar valorados en 200 millones a 2.000 millones de pesos, ahora serán reajustados a rangos cercanos a los 700 millones, una cifra que los productores consideran manejable dentro de la economía popular, mencionó este a Blu Radio.
Pese al avance en el catastro, el Gobierno Nacional lanzó una advertencia clara sobre la responsabilidad del cobro. El ministro del Interior, Armando Benedetti, enfatizó en diálogo con Mañanas Blu que el IGAC solo entrega el avalúo, pero son los mandatarios locales quienes tienen basicamente la totalidad de la decisión.
“Quien determina cuál es el costo del predial es el alcalde con el Concejo. Los municipios cuentan con herramientas legales para mitigar el impacto, pero no las utilizaron correctamente”, afirmó el alto funcionario.
Benedetti sugirió que los consejos municipales omitieron aplicar el artículo 42 del Plan de Desarrollo, el cual permite exonerar o aplicar tasas diferenciales a los campesinos más vulnerables. Además, recordó que, por ley, el recaudo efectivo del impuesto no debería superar el 50 % respecto al año anterior, salvo excepciones puntuales.
Se espera que, luego de la primera socialización de la metodología en los puntos de concentración, las vías hacia el Aeropuerto Internacional Palonegro y el Magdalena Medio queden habilitadas totalmente antes de finalizar la tarde, pues afectan directamente a procesos económicos. Pues los cierres viales en Santander y Norte de Santander ya dejan un “hueco” financiero de más de COP 120.000 millones diarios. Según un reporte oficial del Consejo Gremial Nacional, la parálisis en estos corredores estratégicos está golpeando drásticamente la economía regiona.