El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible oficializó la aplicación de la eutanasia para cerca de 80 hipopótamos que habitan libremente en el Magdalena Medio. Mediante una circular técnica firmada por la ministra Irene Vélez Torres, el Gobierno Nacional confirmó la destinación de 7.200 millones de pesos del Fondo para la Vida y la Biodiversidad para ejecutar un plan de choque letal, tras agotar todas las instancias logísticas y diplomáticas para trasladar a los animales a otras naciones.
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La medida establece una meta estricta sugerida por expertos a la entidad y es “suprimir” un mínimo de 30 individuos al año. Esto responde a la inminente amenaza que representa esta especie exótica invasora para las comunidades locales y el equilibrio de los ecosistemas nativos.
El portazo internacional en cifras
Los documentos oficiales de la cartera ambiental exponen un bloqueo diplomático absoluto. Las gestiones para reubicar a los mamíferos en siete países y dos asociaciones internacionales de zoológicos concluyeron bajo una misma premisa institucional plasmada en los reportes: “NO hemos obtenido ninguna respuesta positiva”.
El detalle de la gestión resulta concluyente. México rechazó formalmente acoger a 10 ejemplares. En Filipinas, un zoológico que había preaprobado la llegada de un grupo de animales se retractó por los altísimos costos de manutención. En Sudamérica, el Parque de Las Leyendas en Perú descartó la recepción de dos hipopótamos argumentando la falta de áreas disponibles. Paralelamente, las solicitudes masivas enviadas a la India (para 60 individuos), Sudáfrica, Ecuador y República Dominicana quedaron estancadas en un silencio administrativo que Colombia catalogó legalmente como negativo.
Inyección y tiradores certificados: así es el protocolo
Frente a la imposibilidad de exportarlos, el documento de “Medidas de manejo” ordena la reducción poblacional directa. El protocolo gubernamental avala dos métodos específicos para el sacrificio ético: la vía química a través de inyección, o la eutanasia física mediante un “disparo con rifle por tirador certificado”. Posteriormente, los cadáveres serán sometidos a disposición final por enterramiento, cumpliendo rigurosos lineamientos sanitarios de bioseguridad.
La ministra Irene Vélez justificó la directriz explicando la asignación del presupuesto:
“Con esta circular avanzamos en acciones coordinadas con las corporaciones para el manejo del hipopótamo en el país. Se adoptan dos protocolos clave: el de translocación, que requiere permiso CITES, y el de eutanasia, bajo criterios responsables y éticos. Además, por primera vez se asignan recursos específicos para su implementación, con una destinación de más de $7.000 millones”.
Bajo esta hoja de ruta, la esterilización y el confinamiento pasaron a ser estrategias estrictamente complementarias. El informe técnico sustenta que castrar a estos mamíferos genera costos insostenibles, demanda infraestructura demasiado robusta y propicia un severo riesgo de hacinamiento en las áreas limitadas hasta la muerte natural de la especie.
La alerta máxima: 1.000 ejemplares en una década
El sustento del plan letal radica en los análisis de riesgo levantados por el Instituto Humboldt, el SINCHI y el INVEMAR. Las estadísticas oficiales marcan que los cuatro hipopótamos originales, introducidos ilegalmente en la Hacienda Nápoles en 1981, se multiplicaron a 169 en 2022.
El Ministerio advirtió en sus comunicaciones textuales que el país enfrenta un desafío complejo que exige “decisiones responsables y basadas en evidencia”. De no aplicar inmediatamente el control poblacional financiado esta semana, las proyecciones científicas indican que los animales alcanzarán los 500 ejemplares en 2030 y superarán la barrera de los 1.000 en 2035, sentenciando el futuro ambiental del territorio nacional.