Con el reloj en contra y las elecciones presidenciales de 2026 a la vuelta de la esquina, el balance para la administración de Gustavo Petro es crítico. Un exhaustivo informe presentado por la representante a la Cámara, Luz Pastrana, pone al descubierto una realidad que sacude el tablero político: a solo cuatro meses de entregar el poder, el Gobierno del Cambio apenas ha materializado el 29% de sus metas iniciales.
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El análisis, con corte al 10 de abril de 2026, desglosa las 214 promesas consignadas en el programa “Colombia, potencia mundial de la vida”. Los resultados son contundentes: 152 compromisos permanecen sin cumplir, dejando un vacío significativo en áreas neurálgicas como salud, seguridad y reforma institucional.
Un balance marcado por la baja ejecución
A diferencia de las proyecciones de 2025, donde se esperaba que el mandatario alcanzara al menos un 40% de ejecución, las cifras finales muestran un estancamiento. Según Pastrana, el entusiasmo de los 11 millones de electores se ha topado con una gestión técnica deficiente.
“Si se hubiesen leído esas reformas tan salidas de los cabellos e inconvenientes, yo creo que no hubieran aplaudido”, sentenció la congresista.
Las deudas históricas del programa de gobierno
El informe destaca una lista de “grandes deudas” que fueron banderas de campaña y que, a día de hoy, aparecen en rojo:
- Salud en cuidados intensivos: De las 17 promesas en salud, solo se cumplieron 2 (telemedicina y riesgos laborales). Quedó pendiente la recuperación total de hospitales públicos.
- Seguridad y Justicia: No se logró el desmonte del Esmad, ni el paso de la Policía al Ministerio del Interior, ni la reforma a los entes de control (Procuraduría y Contraloría).
- Educación y Juventud: La liberación de la deuda del Icetex para todos los usuarios y la modernización del sistema de educación superior se quedaron en el papel.
- Economía y Servicios: El mínimo vital de servicios públicos para todas las familias y la reducción de tarifas eléctricas no llegaron a concretarse.
El factor seguridad y la sombra de la impunidad
El informe también toca puntos sensibles de la Paz Total. Pese a los discursos oficiales, compromisos como el sometimiento de grupos multicrimen y el fin del servicio militar obligatorio —que solo será efectivo a partir de 2030— son calificados como incumplidos para el periodo constitucional actual.
Este panorama se da en medio de un clima político caldeado, marcado por amenazas contra figuras de la oposición como Paloma Valencia y críticas del expresidente Álvaro Uribe, quien alerta sobre una posible “votación impuesta por las armas” en los próximos comicios.
¿Qué le queda al Gobierno?
Incluso el propio presidente Petro reconoció recientemente en Córdoba que la ejecución ha sido baja. Sin embargo, con la posesión del próximo presidente programada para el 7 de agosto de 2026, el margen de maniobra es inexistente.
Este informe no solo cierra un capítulo sobre la gestión del Pacto Histórico, sino que se convierte en el principal insumo de debate para los candidatos que se enfrentarán en las urnas el próximo 31 de mayo, quienes ahora deberán responder: ¿Cómo recuperar la confianza en las promesas presidenciales?