El presidente Gustavo Petro anunció su negativa a acatar la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que le exige retractarse por sus recientes declaraciones sobre un presunto fraude en el sistema electoral colombiano. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario calificó la medida judicial como un acto de censura y anticipó un choque institucional de cara a las próximas elecciones presidenciales, priorizando lo que denominó una defensa de los derechos fundamentales.
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La controversia estalló luego de que la Sección Primera del Tribunal decretara medidas cautelares de urgencia después de una demanda del abogado Ramiro Bejarano. Frente a la exigencia judicial, el jefe de Estado respondió de manera tajante, publicando una declaración íntegra en la que asume las consecuencias de un inminente desacato:
“Jamás un presidente de la república le debe enseñar a su sociedad a arrodillarse ante la convicción de sus derechos fundamentales. Ni censura ni negación de la libertad de expresión, se a que me expongo pero los derechos fundamentales y mi conciencia y mi objeción de conciencia ante la arbitrariedad se imponen. El lunes el tribunal administrativo de Cundinamarca que me ayudó a defender mis derechos en otros tiempos, tendrá mi respuesta.”
El documento judicial que desató el pulso
La decisión judicial, fechada el 10 de abril de 2026, responde a una acción popular que advierte que las reiteradas denuncias del mandatario ponen en grave riesgo la moralidad administrativa y socavan la confianza legítima de la ciudadanía en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría.
El Tribunal fue explícito en sus órdenes hacia la Casa de Nariño. En el documento de la medida cautelar, el magistrado resolvió emitir directrices exactas y de obligatorio cumplimiento para el mandatario. El fallo dictamina textualmente:
“TERCERO.- ORDENAR al señor Presidente de la República que dentro de los 3 días siguientes a la notificación de la presente providencia rectifique por el mismo medio utilizado (red social X) y con características similares las afirmaciones sobre la ocurrencia de fraude electoral en los comicios para Senado de la República 2014 (partido Mira) y 2022 (coalición Pacto Histórico) y elecciones legislativas de 2026.”
A esto se suma una prohibición de cara a la inminente contienda por la Casa de Nariño. El texto judicial impone una restricción severa sobre el discurso presidencial en los próximos meses, ordenando:
“CUARTO.- ORDENAR al señor Presidente de la República que se abstenga de emitir afirmaciones iguales o similares a las referidas en el ordenamiento anterior, sin evidencia sólida y razonable, con respecto al proceso electoral del 8 de marzo de 2026 y a los venideros de 2026 (primera vuelta presidencial, 31 de mayo de 2026, y eventual segunda vuelta presidencial, 21 de junio de 2026) dirigidas a cuestionar la confiabilidad de la Organización Electoral”.
La Procuraduría General de la Nación ya había respaldado la necesidad de frenar este tipo de pronunciamientos, solicitando que el presidente omita transmitir opiniones que pongan en duda la transparencia del proceso en cualquiera de sus discursos. El Tribunal también le recordó a Petro su deber de tramitar sus observaciones, pero la respuesta del presidente confirma que el lunes presentará un posible discuroso basado en la objeción de conciencia.