El panorama económico y político en Colombia ha dado un giro drástico. Tras la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible el Decreto 1390 de 2025, el presidente Gustavo Petro no solo defendió su gestión, sino que lanzó una severa advertencia: la consecuencia directa de este fallo es un golpe al bolsillo de los ciudadanos y el beneficio desproporcionado del sector financiero.
Le puede interesar: “Hoy los hechos demuestran que teníamos razón”: Petro a la Corte Constitucional sobre la crisis fiscal
El choque por los “hechos sobrevinientes”
La controversia radica en la interpretación de la urgencia nacional. Mientras que el magistrado Carlos Camargo argumentó que siete de los ocho eventos presentados por el Ejecutivo no acreditaban un carácter “sobreviniente” (inesperado), el primer mandatario sostuvo una visión opuesta. Según Petro, el encarecimiento de la deuda y la crisis climática eran realidades inminentes que requerían medidas de excepción.
“La Corte, al no aprobar la emergencia y mantenerla suspendida, convirtió un riesgo probable en una realidad costosa”, afirmó el jefe de Estado. El mandatario explicó que los eventos climáticos —frentes fríos e inundaciones imprevisibles— y el aumento de las tasas de interés internacionales eran las piezas clave que justificaban el decreto de diciembre.
Los cuatro pilares de la desfinanciación
Para el Ejecutivo, el país enfrenta hoy un escenario de desbalance crítico provocado, según sus palabras, por “dos actos de la Corte y dos del Congreso”. Petro detalló que esta parálisis institucional ha disparado el costo de la deuda, pasando de un 7% a un 13%.
“Estamos ante una verdadera pérdida de riqueza nacional que termina convertida en utilidades para los dueños del sistema financiero”, sentenció el mandatario.
Esta situación ha dejado un vacío de $16 billones de pesos en el Presupuesto General de la Nación, una cifra que el Gobierno intentará recuperar mediante una maniobra legislativa inmediata.
La nueva hoja de ruta: Ley de Financiamiento y Gasto Social
Ante el hundimiento de sus decretos, el presidente Petro confirmó que se “parará en la raya”. El plan de choque incluye dos frentes principales:
- Nueva Ley de Financiamiento: Se presentará nuevamente ante el Congreso con el objetivo de priorizar sectores vitales como la alimentación y el acceso al agua potable.
- Blindaje al gasto social: El mandatario fue enfático en que no habrá recortes en los programas destinados a los más vulnerables, argumentando que la Constitución lo prohíbe. En su lugar, anunció que se postergarán las transferencias a los sectores más pudientes del país.
¿Qué sigue para Colombia?
La urgencia ahora se traslada al legislativo. Con una zona de desastre ya declarada por la crisis climática y un presupuesto desfinanciado, el Gobierno busca evitar que los tiempos lentos del Congreso profundicen la crisis. La presentación de la “Ley de priorización de la alimentación y el agua” será la prueba de fuego para las relaciones entre el Ejecutivo y las demás ramas del poder en este 2026.
La moneda está en el aire, pero el mensaje de la Casa de Nariño es claro: la batalla por el control fiscal y la protección de las clases populares apenas comienza.