El concierto de música vallenata realizado dentro de la cárcel de Itagüí sigue generando reacciones y nuevas versiones sobre su trasfondo. La presentación del artista Nelson Velásquez ante internos de alto perfil encendió el debate, especialmente por las condiciones en las que se desarrolló el evento y los beneficios que tendrían algunos cabecillas recluidos.
En las últimas horas, la concejala de Medellín Claudia Carrasquilla aseguró que la reunión festiva habría tenido como propósito anticipar una eventual decisión judicial a favor de Sebastián Murillo, alias Lindolfo.
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Según El Colombiano Carrasquilla explicó que el detenido estaría buscando acceder a una reducción de su condena argumentando el cumplimiento de requisitos legales y su participación en espacios de diálogo con el Estado.
Las denuncias también incluyen el alto costo que habría implicado la organización del encuentro, con recursos destinados no solo a la presentación musical, sino también a alimentos, bebidas y logística. Este punto ha intensificado las críticas sobre el control al interior del centro penitenciario y la posible permisividad frente a este tipo de actividades.
En paralelo, el caso se cruza con decisiones recientes de la Fiscalía relacionadas con beneficios judiciales otorgados a integrantes de la mesa de paz urbana, algunos de los cuales fueron posteriormente reversados. Entre los nombres que estuvieron en ese proceso figura alias Lindolfo, lo que ha generado mayor atención sobre su situación jurídica.
Frente a los señalamientos, el cabecilla alias Douglas rechazó cualquier vínculo con la organización del evento. Afirmó que ese día permaneció con familiares durante el horario de visitas y negó haber tenido contacto con el cantante o haber participado en la celebración.
Las críticas desde el Concejo de Medellín han sido contundentes. El concejal Andrés Tobón cuestionó la falta de medidas estrictas frente a los líderes de estructuras criminales y anunció acciones ante la Fiscalía para revisar los beneficios otorgados.
A su turno, el secretario de Seguridad de la ciudad, Manuel Villa Mejía, advirtió sobre las irregularidades al interior del penal y comparó las condiciones de algunos reclusos con espacios de privilegio, insistiendo en la necesidad de reforzar los controles.
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Las autoridades continúan adelantando las indagaciones para establecer responsabilidades, especialmente sobre quién autorizó el ingreso del artista y cómo se financió la actividad, en un caso que sigue alimentando la discusión sobre el manejo de los centros de reclusión y los alcances de los procesos de negociación con estructuras criminales.