El Gobierno Nacional anunció la suspensión de los diálogos con bandas criminales de Medellín y el Valle de Aburrá tras la revelación de una costosa parranda vallenata patrocinada por varios de los líderes de esos grupos en la cárcel de Itagüí, quienes hacen parte de la estrategia Paz Urbana con la que se busca el sometimiento de dichas organizaciones delictivas.
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La denuncia, realizada por la concejal Claudia Carrasquilla, dio a conocer la celebración de una rumba en el patio 1 de ese establecimiento con la participación del artista Nélson Velásquez, a quien le habrían pagado $ 100 millones. Según la política del Centro Democrático, la fiesta costó cerca de 500 millones de pesos recogidos en una ‘vaca’ por algunos de los cabecillas, entre quienes se mencionan a alias Douglas, alias Carlos Pesebre, alias Chaparro, alias Vallejo y alias Tom.
El anuncio del Gobierno
Por tales hechos, que provocaron la salida del cargo del director de esa cárcel y la apertura de una investigación por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Cárcelario (Inpec), el Gobierno tomó la decisión de pausar el Espacio de Conversación Socio Jurídico (SCSJ) que sostiene que las bandas criminales.
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“Los hechos denunciados del día de ayer, 8 de abril de 2026, en La Cárcel de Itagüí por el ingreso de un artista, y confirmados por el Instituto Nacional Penitenciario - INPEC, no hacen parte de las garantías de funcionamiento del ECSJ”, señaló la delegación de representancias del Gobierno, y agregó que rechaza “de manera contundente y categórica lo ocurrido”.
“A partir del día de hoy suspendemos la agenda de interlocución con los Voceros de las Estructuras hasta no tener claridad sobre su responsabilidad en los hechos ocurridos”, aseveraron, asegurando que respaldan las medidas tomadas por el Inpec.