El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lanzó una sorpresiva y contundente propuesta a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, ofreciéndole el traslado del 100 % de la población carcelaria salvadoreña hacia Colombia. El reto surge como respuesta directa a las recientes declaraciones de Petro, quien calificó las cárceles del país centroamericano como “campos de concentración” y acusó al gobierno de Bukele de cometer crímenes contra la humanidad.
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La tensión entre ambos mandatarios escaló luego de un mensaje de Petro en su cuenta de X, donde afirmó que mantener a un 36 % de personas inocentes presas es un delito internacional. Según el mandatario colombiano, el sistema de seguridad salvadoreño captura a jóvenes por el simple hecho de tener tatuajes o por su edad, comparando estas acciones con las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”, ocurridas en Colombia.
¿Campos de concentración? La acusación que detonó el choque
Petro fue enfático al señalar que la reducción de homicidios en El Salvador se basa en lo que denominó “terrorismo” para conseguir apoyo popular. “Se trata de campos de concentración de población civil... gente apresada porque tiene un tatuaje o es joven. Eso se parece a las ejecuciones oficiales en Colombia para matar jóvenes para hacerlos pasar por guerrilleros”, sostuvo el jefe de Estado colombiano.
Además, Petro defendió su modelo de seguridad basado en la “paz total”, asegurando que durante la reciente Semana Santa Colombia logró avanzar en la pacificación del mundo rural y urbano mediante el diálogo y no a través de la exclusión. Para el mandatario, el método salvadoreño solo genera “ciclos de venganza y más muertes” a largo plazo. Exactamente esto fue lo que dijo:
“Tener un 36 % de personas presas inocentes, es un crimen contra la humanidad, se trata de campos de concentración de población civil, gente apresada porque tiene un tatuaje o es joven, así no se disminuye una tasa de homicidios porque estás matando en vida a miles de jóvenes presos inocentes y a sus familias (...) Eso se llama terrorismo y sirve para conseguir apoyo popular ignorante, y después siguen los ciclos de venganza y más muertes”, manifestó Petro.
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El “todo o nada” de Bukele: la condición para el traslado
Ante estos señalamientos, Bukele respondió con una invitación formal cargada de ironía política y firmeza diplomática. El presidente salvadoreño le hizo un llamado a Petro a materializar su política del “amor y la vida” recibiendo a todos los detenidos en El Salvador, incluyendo a quienes Petro considera “presos políticos”.
“Si, como usted sostiene, en nuestro país existen “campos de concentración”, estaríamos frente a una situación que no admite términos medios, sino decisiones firmes en favor de la dignidad humana.En ese espíritu, El Salvador está dispuesto a facilitar el traslado del 100 % de su población carcelaria, todos, incluyendo los llamados presos políticos y cualquier otro caso que considere viole su política del ‘amor y la vida’”, sentenció Bukele en su respuesta oficial.
El mandatario salvadoreño argumentó que, si Petro está convencido de que existen violaciones sistemáticas a la dignidad humana, no debería admitir que un solo detenido permanezca bajo esas condiciones. Bukele cerró su intervención retando a Petro a consolidar su legado como el “libertador” que saque a miles de lo que el colombiano define como el “abismo de la exclusión”.
Este nuevo enfrentamiento pone de relieve dos visiones opuestas de gobernanza que dividen la opinión pública en América Latina. Mientras Petro insiste en que el éxito de Bukele es una ilusión basada en la represión de inocentes y sectores populares, el gobierno salvadoreño defiende su Plan Control Territorial como la única salida al dominio de las pandillas.
Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial por parte de la Cancillería de Colombia sobre la viabilidad técnica o diplomática de la propuesta de Bukele. La cifra del 36 % de inocencia mencionada por Petro es uno de los puntos de mayor fricción, ya que cuestiona directamente la legitimidad judicial de las capturas masivas bajo el régimen de excepción en El Salvador.