El Tribunal Superior de Bogotá ordenó este martes la libertad inmediata del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. La determinación judicial responde a una falla en los tiempos procesales de la Fiscalía General de la Nación, entidad que superó el límite de 120 días legales para presentar el escrito de acusación por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, en el marco del desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
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Bonilla permanecía privado de la libertad en centro carcelario desde el 1 de diciembre de 2025. La defensa, encabezada por el abogado Carranza, demostró ante los estrados que el plazo máximo para que el ente acusador formalizara los cargos venció de forma improrrogable el pasado 1 de abril.
La audiencia para solicitar la revocatoria de la medida de aseguramiento dejó en evidencia un intento del ente investigador por subsanar la omisión procesal en tiempo real. Según los registros revelados durante la audiencia, el fiscal del caso radicó el escrito de acusación contra Bonilla y el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, ante la Corte Suprema de Justicia cuando la audiencia de libertad ya había comenzado.
La magistrada encargada, Isabel Álvarez Fernández, fue categórica al rechazar la validez temporal de este acto para frenar la excarcelación. Durante su intervención, aclaró que la radicación paralela no revive los términos legales ya vencidos.
“El punto de quiebre para efectos de considerar razonablemente que la fiscalía ha presentado el escrito de acusación antes de la audiencia o que interrumpe el término (...) es antes de que se instale la audiencia”, precisó la togada frente a las partes. Álvarez Fernández detalló que el escenario jurídico habría operado a favor de la Fiscalía solo con una radicación previa: “Si se hubiera radicado el día de hoy a las 8 de la mañana, a las 9:50, a las 10:10, antes de instalar la audiencia, que la fiscalía lo hubiera puesto de presente, pero eso no ocurrió en este caso”.
Cero justificaciones para la demora judicial
El Tribunal sustentó su decisión subrayando que la legislación colombiana otorga 60 días para este trámite, los cuales fueron duplicados a 120 al tratarse de una investigación compleja con múltiples delitos. La jueza recriminó que estas ventajas procesales no fueron aprovechadas.
“A la Fiscalía se le han dado las gabelas. La ley le da la gabela de considerar que se trata de un asunto complejo y por eso amplía el término ordinario. La jurisprudencia ha entendido que puede presentar incluso el escrito de acusación de manera extemporánea y se considera superada la omisión, pero considero respetuosamente que, encontrándonos ante esta situación tan particular, el punto de quiebre. Es decir, el momento a partir del cual puede considerarse razonablemente, sobre todo de cara a una persona, cualquier persona, no estoy refiriéndome... en este momento está en la audiencia del ciudadano procesado Ricardo Bonilla, pero es que es cualquier ciudadano”, señaló la magistrada durante la diligencia.
Adicionalmente, el despacho falló a favor de Bonilla al constatar una ausencia total de argumentos institucionales para explicar el retraso en la entrega del documento ante la Corte Suprema.
Álvarez Fernández cerró su argumentación haciendo énfasis en la falta de obstáculos probados: “Dejando constancia de que no se hizo ninguna referencia por parte de la fiscalía de que en el caso concreto hubiera sobrevenido alguna situación que razonablemente pudiera considerarse como constitutiva de una fuerza mayor, de un caso fortuito, de unas maniobras dilatorias de la defensa”.
Ricardo Bonilla afrontará en libertad las siguientes etapas de este proceso judicial por corrupción, mientras la Corte Suprema de Justicia asume el conocimiento formal del escrito radicado extemporáneamente, por lo que es importante mencionar que continua la investigación en su contra.