La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, entregó este lunes una hoja de ruta con carácter de urgencia a las candidaturas a la Presidencia y Vicepresidencia de la República. El requerimiento institucional fue directo y es que deben asumir compromisos inmediatos frente a la crisis de seguridad territorial y la desigualdad no es un factor opcional de campaña, sino el requisito no negociable para garantizar la gobernabilidad y la legitimidad del Estado durante el próximo cuatrienio.
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“Los derechos humanos son vitales para un buen gobierno. Son una forma de incorporar a las poblaciones afectadas por la violencia, la desigualdad territorial y la degradación ambiental en la agenda pública y esto fortalece la legitimidad del Estado”, sentenció Marín Ortiz al oficializar la entrega del documento.
El mapa del riesgo: 402 municipios bajo amenaza directa
El informe advierte que 402 municipios, distribuidos en 32 departamentos, operan bajo Alertas Tempranas activas, lo que representa el 35 % del territorio nacional. Ante esta realidad, la entidad exigió a las fórmulas presidenciales abandonar los enfoques de seguridad fragmentados y ejecutar plenamente el Acuerdo Final de Paz.
“La paz no es solo la dejación de las armas. Es el derecho a la verdad, a la justicia y reparación de las víctimas y sobre todo las garantías de no repetición. En Colombia tenemos más de 10 millones de víctimas y para repararlas es indispensable garantizar la sostenibilidad financiera (...) reduciendo la brecha entre el universo de víctimas y las metas de reparación”, puntualizó la Defensora, reclamando fondos intocables para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD).
Los pilares que definirán la viabilidad del próximo mandato
Las directrices también establecen mandatos estrictos en salud, educación y desarrollo rural. La entidad catalogó como inaplazable una reforma integral al sistema sanitario que resuelva la crisis de atención y fije responsabilidades a los actores privados. A la par, alertó sobre la brecha académica.
“Cada programa de gobierno y cada campaña tendrá sus énfasis y prioridades de acuerdo a su visión de país. Pero lo que no debería pasar es que no se fortalezca la inversión pública en educación para eliminar estas brechas que están generando la deserción o falta de asistencia escolar”, indicó.
En materia agraria y ambiental, las candidaturas fueron notificadas de la necesidad de acelerar el catastro multipropósito, detener la minería ilegal y crear un marco normativo que reconozca el desplazamiento forzado provocado por el cambio climático.
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El reclamo presupuestal: sin defensa pública la justicia colapsa
El ultimátum a los candidatos incluyó una fuerte advertencia sobre la crisis interna que atraviesa el Ministerio Público por cuenta de los recientes recortes financieros, situación que debilita el alcance operativo en las regiones más golpeadas por el conflicto.
“El llamado es a respetar la autonomía presupuestal constitucional de la Defensoría del Pueblo. Contar con los recursos para las y los defensores públicos y todo el personal de la Defensoría. Cuando no hay defensa pública al día, el sistema de justicia también tiene un deterioro”, reclamó la funcionaria.
El pliego de peticiones ya reposa en las sedes de campaña. A partir de hoy, operará como un mecanismo de control para que los ciudadanos auditen en las urnas qué candidatos deciden ignorar estas obligaciones y cuáles integran las directrices territoriales en sus programas de gobierno.