Lo que fue anunciado como un hito para la educación en el Catatumbo se ha convertido en un laberinto burocrático y técnico. El Colegio-Universidad de El Tarra, inaugurado con bombos y platillos hace cuatro meses por el Gobierno Nacional, permanece con sus puertas cerradas. ¿La razón? El complejo educativo más moderno de la región no tiene agua potable, alcantarillado ni energía eléctrica.
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Ante la gravedad de la situación, el ministro de Educación, Daniel Rojas, ha escalado el conflicto solicitando formalmente a la Superintendencia de Servicios Públicos que intervenga. El objetivo es requerir a las centrales eléctricas de Norte de Santander y a la empresa de servicios del municipio para que den una solución inmediata a la falta de suministros básicos que mantiene a cientos de jóvenes fuera de las aulas.
¿Improvisación o incumplimiento municipal?
El gerente del Fondo de Infraestructura Educativa (FFIE), Sebastián Caballero, salió al paso de las críticas y descargó la responsabilidad sobre la administración local. Según Caballero, el proyecto no fue producto de la improvisación, sino que contó con los avales legales necesarios desde su génesis.
“El proyecto nació con una certificación oficial del municipio que aseguraba que el lote sí tenía disponibilidad de servicios públicos el 11 de marzo de 2025”, afirmó Caballero.
Sin embargo, el relato toma un giro inesperado: cuando la obra ya estaba en marcha, la misma empresa de servicios públicos se retractó, informando que no existía red de acueducto en ese sector. A pesar de este vacío técnico, la Alcaldía de El Tarra procedió a otorgar la licencia de construcción, permitiendo que la obra finalizara sin asegurar cómo se hidratarían o iluminarían sus instalaciones.
La Ley 142 de 1994: El escudo del FFIE
La defensa del Ministerio de Educación y del FFIE se basa en la normativa vigente. Caballero fue enfático al señalar que, según la Ley 142 de 1994, la garantía de la prestación de los servicios públicos es competencia exclusiva de las entidades territoriales (alcaldías) y las empresas prestadoras, no de la entidad encargada de levantar los muros.
Para que el colegio-universidad entre en funcionamiento, se requiere una conexión a redes externas, una infraestructura que debe ser garantizada por el municipio. “Para que funcione, necesitamos que la Alcaldía de El Tarra asuma su responsabilidad y actúe con decisión”, sentenció el gerente del FFIE.
Un llamado a la acción inmediata
Mientras el Gobierno Nacional y el local se enfrentan en un cruce de responsabilidades, la infraestructura —que ya cumplió cuatro meses de haber sido entregada— corre el riesgo de deteriorarse sin haber recibido a su primer estudiante. El Ministro Rojas busca que la “Súper” obligue a las empresas eléctricas y de acueducto a priorizar esta conexión, entendiendo que el derecho a la educación de los jóvenes del Catatumbo está siendo vulnerado por un cableado y una tubería que nunca llegaron.