A tan solo dos meses de una jornada electoral decisiva para el futuro de Colombia, la candidata presidencial Paloma Valencia ha encendido las alarmas a nivel global. A través de una solicitud formal dirigida a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Valencia exige un acompañamiento especial que garantice la transparencia de los comicios.
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La preocupación de la candidata no es menor: denuncia que la democracia colombiana enfrenta una amenaza directa debido a las recientes decisiones judiciales y el fortalecimiento de estructuras criminales en el territorio nacional.
La polémica por la suspensión de capturas
El detonante de esta ofensiva diplomática es la reciente suspensión de órdenes de captura contra 23 integrantes de grupos criminales, una medida solicitada por el Gobierno Nacional y ejecutada por la Fiscalía. Según Valencia, esta decisión, tomada en plena recta final de la campaña, envía un mensaje peligroso.
“Esta medida podría convertirse en un mecanismo de presión para influir en el voto ciudadano, especialmente en zonas con fuerte presencia de estructuras ilegales”, advirtió la candidata.
Valencia sostiene que no se trata solo de un asunto jurídico, sino de una maniobra que debilita la autoridad del Estado frente a los violentos, permitiéndoles ejercer un control social que podría alterar los resultados en las urnas.
Un retroceso de dos décadas en seguridad
Para sustentar su petición ante los organismos internacionales, Paloma Valencia presentó un balance demoledor sobre la situación de orden público en el país bajo la política de la “Paz Total”, la cual calificó como un fracaso rotundo.
Las cifras presentadas por su oficina de prensa reflejan un panorama crítico:
- Secuestro en niveles récord: El delito creció un 336% durante el actual mandato, alcanzando las 698 víctimas en 2025, la cifra más alta registrada desde el año 2006.
- Terrorismo desbordado: Se registró un aumento del 119% en comparación con 2021, situando la violencia terrorista en niveles que no se veían desde 2003.
- Fortalecimiento criminal: Los grupos armados cuentan hoy con cerca de 27,000 hombres, tras un incremento de 5,000 nuevos integrantes tan solo en el último año.
Narcotráfico y presión en las urnas
La candidata también puso el foco en el auge de las economías ilícitas. Con una producción de coca que roza las 300,000 hectáreas y supera las 3,001 toneladas métricas, Valencia asegura que los grupos ilegales cuentan con una “caja mayor” sin precedentes para financiar su expansión y, potencialmente, interferir en la política.
“La comunidad internacional debe monitorear de cerca estas elecciones. Los grupos armados presionarán a los colombianos para robarles el voto”, afirmó con contundencia. Según su análisis, el retroceso en la tasa de incautación de drogas es una evidencia de una estrategia gubernamental ineficaz que favorece a los violentos.
Concluyó su declaración reafirmando su compromiso de recuperar el control territorial y devolver la tranquilidad a las regiones, asegurando que su proyecto político es la alternativa para derrotar a quienes pretenden imponerse por la fuerza de las armas sobre la voluntad popular.