El presidente Gustavo Petro lanzó una de sus denuncias, quizás, más graves en materia de corrupción institucional, señalando que Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, ha mantenido un presunto control mafioso sobre el Estado colombiano durante casi cuatro décadas. Según el mandatario, la captura y extradición de este presunto lavador de activos ha sido bloqueada sistemáticamente por un “filtro delincuencial” compuesto por figuras de alto nivel que temen lo que el capturado pueda revelar ante la justicia.
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Petro fue contundente al vincular a sectores de la política tradicional y la fuerza pública con la protección de Marín: “Claro que sé de senadores y presidentes y directivos de la DIAN y Aduanas y generales de la policía y expresidentes que temen por sus declaraciones, algunos intentan matarlo si regresa, yo no, no tengo ningún trato con él que no sea que se siente a declarar ante la justicia y se someta a ella y declare la verdad”, sentenció el jefe de Estado a través de su cuenta de X.
¿Una red de 38 años estancada en la Policía y la Fiscalía?
El mandatario describe una infiltración bien profunda en los organismos de inteligencia y control. Por lo que, Petro aseguró que, pese a sus gestiones personales con mandatarios europeos, la burocracia judicial interna habría trabajado en contra de la verdad. En una declaración extensa, el mandatario detalló el alcance de la infiltración:
“Alias ‘papa pitufo’ es un contrabandista lavador de dólares y posiblemente narcotraficante... Ha infiltrado al estado durante 38 años, y dentro de él especialmente a la policía de la Polfa, a la fiscalía y a los organismos de investigación, compra individuos usando la codicia dominante en su corazón que mata rápidamente. Una vez supe del sujeto, puse blindajes en mi campaña para que no entraran sus dineros. Lo impedí, pero siempre hay codiciosos. La codicia mata la vida”.
Asimismo, el mandatario denunció que agentes de inteligencia e investigadores habrían participado en un esquema de saqueo a la propia fortuna del contrabandista: “Lo cierto es que entre agentes de inteligencia e investigadores de la fiscalía se han llevado una parte de la fortuna contrabandista de Marín y él está, aunque controlado en Europa, libre. Yo lo que quiero es que diga toda su verdad sobre la infiltración que hizo en el estado desde hace 38 años, libremente y sin presiones políticas”.
Bitcoin y el rastro en la DIAN de Tuluá
La denuncia no solo abarca sobornos, sino también crímenes de sangre. Petro vinculó esta estructura con el asesinato de Gilberto Calao, exdirector de la DIAN en Tuluá, señalando que nuevas bandas como la de alias El Bendecido están intentando heredar el imperio de Marín. Según el presidente, el método de pago para estas transacciones ilícitas ha evolucionado hacia la tecnología digital para evadir el rastro de las autoridades financieras: “Las transacciones entre funcionarios públicos y grandes contrabandistas las hacen en bitcoin. Falta fiscalía para descubrir la verdad judicial”.
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El jefe de Estado cuestionó duramente por qué la Fiscalía General no logró la extradición a pesar de contar con apoyo gubernamental, sugiriendo un desvío intencionado de la investigación para centrarla exclusivamente en su administración actual y omitir el rastro histórico delictivo.
Advertencia sobre “pactos” con futuros presidenciables
En el cierre de su intervención, Petro alertó sobre el futuro político del país y cómo esta red criminal estaría buscando blindaje electoral. Según el mandatario, el entorno de ‘Papá Pitufo’ ya tendría vínculos con figuras que aspiran a la Casa Nariño en el próximo ciclo electoral.
“Ya hay pactos políticos con futuros presidenciables de extrema derecha ligados a la oficina central de conducción de la fiscalía, varios de ellos ligados, también, a la defensa del paramilitarismo, y uno de ellos resultó ser abogado defensor del mafioso Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo”, trinó el mandatario.
Esta acusación coincide con las recientes revelaciones de exoficiales de la Policía, como el general (r) Juan Carlos Buitrago, quien señaló que durante el gobierno de Iván Duque se habrían frenado operativos de captura contra Marín luego de supuestas mediaciones de figuras políticas y abogados reconocidos, lo que escala la tensión sobre quiénes son los verdaderos responsables de la permanencia de este esquema de contrabando en el país.