El presidente, Gustavo Petro, señaló a la actual administración de Medellín por uno de los proyectos impulsados por el propio alcalde Federico Gutiérrez y emitió una orden directa a la Policía Nacional, la cual es impedir cualquier uso de la fuerza por parte de los denominados “gestores de convivencia” de la capital antioqueña. La decisión del mandatario surge después de la difusión de un video en el que se observa a un grupo de estos funcionarios, adscritos a la Alcaldía de ‘Fico’ golpeando y sometiendo a un ciudadano en pleno espacio público del centro de la ciudad.
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El jefe de Estado no se ahorró calificativos para describir la actuación de los funcionarios municipales. A través de su cuenta de X, Petro aseguró que Medellín no debe tolerar lo que denominó una “arremetida de bandas fascistas a sueldo público”. Según el presidente, estas figuras operan bajo una lógica que parece ser que vuelve difusas las funciones constitucionales de la Fuerza Pública.
Una orden directa a la Policía Nacional
La directriz presidencial es clara, y es que la Policía no puede ser espectadora de estas agresiones. Petro enfatizó que la seguridad y la convivencia ciudadana son responsabilidades que recaen en cuerpos civiles debidamente armados y regulados por el Estado, no en grupos locales con funciones ambiguas que terminan en choques físicos con los civiles.
“Le ordené a la Policía Nacional no permitir esta violación de derechos humanos en Medellín”, sentenció el mandatario, subrayando que la institución policial existe, antes que nada, para la defensa de las libertades y la convivencia pacífica.
Para el Gobierno Nacional, el uso de estos gestores para tareas de control que impliquen contacto físico o violencia es una falta grave administrativa y legal. Petro fue enfático al señalar que quienes intenten sustituir la labor de la Policía se convierten, de facto, en “parapoliciales o paramilitares”.
El video que detonó la controversia en Medellín
Las imágenes que circulan en redes sociales muestran a un grupo de hombres con el uniforme azul de “Somos Seguridad” y “Gestores de Convivencia” rodeando a un hombre. En la grabación se percibe el uso de la fuerza y golpes, mientras algunos agentes de la Policía Metropolitana observan la situación a pocos metros sin intervenir inicialmente para detener la agresión de los funcionarios civiles.
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Este incidente reabre el debate sobre los límites de los programas de seguridad urbana implementados por el alcalde Federico Gutiérrez. Mientras la administración local defiende a estos gestores como una herramienta para el orden ciudadano y el apoyo al comercio formal, desde la Casa de Nariño parece ser que se ve como una estructura paralela que vulnera los derechos constitucionales.
La defensa de la Policía como cuerpo civil único
El argumento central del presidente Petro radica en la naturaleza de la Policía Nacional. Según su declaración, esta es “un cuerpo civil para la convivencia ciudadana armado y público”, cuya misión es la protección de derechos. Al permitir que civiles bajo nómina municipal ejerzan violencia, se estaría rompiendo el monopolio legítimo de la fuerza.
Hasta el momento, la Alcaldía de Medellín no ha emitido un pronunciamiento oficial respondiendo a las acusaciones de “fascismo” lanzadas por el mandatario, ni sobre cómo se reajustará la operatividad de estos gestores ante la orden presidencial que prohíbe a la Policía permitir sus intervenciones violentas.