Luego de valorar la pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó a 11 exintegrantes del Bloque Oriental de las extintas FARC - EP, por 165 hechos delictivos perpetrados en Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés, Vichada y parte de Amazonas.
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Los sentenciados son: Ángel Melquisedec Alfaro Bonilla; César Díaz Sosa, alias Cochebomba; Críspulo Efraín Quiñonez Barreiro; Daniel Zárate Velandia; Jhon Jairo Ramírez, alias Fuego Verde; Berny Derley Ordoñez Castro, Ferney Valverde Fajardo, Marlio Mora Morales, Rodrigo Ducuara Yate, Rahomir Rodríguez Trujillo y Alexander Gómez.
Estas personas, postuladas a la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), fueron declaradas responsables de diferentes conductas como homicidio en persona protegida, desaparición forzada, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito, acceso carnal violento en persona protegida, aborto sin consentimiento y secuestro extorsivo.
Entre los eventos ilícitos documentados en el curso de la investigación, orientada por la Dirección de Justicia Transicional, está la toma a las bases de la Policía Antinarcóticos y el Ejército Nacional en Miraflores (Guaviare), perpetrada el 3 de agosto de 1998, que dejó 19 uniformados muertos y 131 secuestrados.
Asimismo, se les atribuye la incursión armada a Mitú (Vaupés). El 26 de octubre de 1998, aproximadamente 1.500 miembros del entonces Bloque Oriental de las FARC – EP atacaron la estación de policía con armas no convencionales, asesinaron a 38 integrantes de la fuerza pública y a 8 civiles; y secuestraron a 61 policías.
De otra parte, está acreditado el reclutamiento forzado de una niña de 11 años en la vereda Retiro Milagro de Yopal (Casanare), en 1995. Durante el tiempo en el que la menor de edad permaneció en zonas campamentarias del grupo armado ilegal fue abusada de manera sistemática y obligada a abortar en dos ocasiones.
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En el curso del proceso también se conoció de la desaparición de Pedro Antonio Ramos Vázquez, un integrante de la Policía Nacional, quien fue retenido el 6 de diciembre de 2000, en inmediaciones de Yopal (Casanare). El uniformado fue obligado a descender de un bus de servicio intermunicipal y trasladado por hombres armados a un área rural. A la fecha se desconoce su paradero.
Los postulados deberán cumplir penas de 480 meses de prisión y multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes con la alternativa que contempla la Ley de Justicia y Paz, y el compromiso de atender las obligaciones impuestas en el fallo.