A pocos meses de las elecciones el panorama político en Colombia alcanzó un nuevo choque, pues lo que comenzó como una alerta pública sobre unas unas presuntas amenazas contra el abogado Abelardo de la Espriella, escaló en cuestión de horas a los estrados judiciales. El movimiento jurídico Defensores de la Patria radicó formalmente una denuncia penal ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra el presidente Gustavo Petro, señalándolo por el presunto uso del aparato de inteligencia estatal para interceptaciones ilegales. Pero no sollo esto, el expresidente Álvaro Uribe Vélez no dudo en comentar y demostrar su rechazo al gobierno actual.
(🔴 Le puede interesar 🔴: “Señor de las masacres”: Petro estalló contra Uribe y revivió nexos paramilitares por crisis de seguridad)
Todo empezó con un contundente mensaje del expresidente Uribe, quien vinculó directamente al Gobierno y al senador Iván Cepeda con supuestos planes contra la integridad de De la Espriella. “¡Petro y Cepeda qué planean contra Abelardo! Engendraron la Nueva Marquetalia que asesinó a Miguel Uribe. Nuestros candidatos amenazados por los criminales que apoyan a Cepeda”, denunció Uribe a través de su cuenta de X.
La respuesta de Abelardo de la Espriella no se hizo esperar, reafirmando su postura de confrontación total con la actual administración y agradeciendo el respaldo del líder del Centro Democrático. En una declaración cargada de tono político, el jurista afirmó:
“Quienes estamos en oposición no podemos olvidar que Miguel Uribe Turbay fue asesinado y que el régimen no tiene escrúpulos; solo la determinación y la fortaleza los detendrán, con el favor de Dios y los votos del pueblo. Presidente Uribe, seguiremos en la lucha; en algún momento, juntos, porque, como lo he dicho desde el primer día en el que emprendí esta cruzada: los únicos enemigos que reconozco son Petro y Cepeda; sé que usted es sabedor de ello y que también tiene el mismo objetivo patriótico: salvar a Colombia”.
De las palabras a los tribunales: La denuncia por “chuzadas”
Luego del intercambio mediático, esta mañana del domingo 5 de abril, se conoció el documento técnico que busca dar soporte legal a las acusaciones de la oposición. Germán Calderón España, actuando como Asesor Jurídico Constitucional de Defensores de la Patria, solicitó formalmente iniciar una investigación contra el mandatario y “personas indeterminadas” del Departamento Administrativo de Inteligencia (DNI).
(🔵 Vea esto: “Iván Mordisco compra a los comandantes”: Petro lanzó grave acusación por el fracaso en capturas)
El eje central de la denuncia es la presunta violación ilícita de comunicaciones. Según el documento radicado ante la Cámara de Representantes, se pide verificar si desde los organismos de inteligencia se han interceptado conversaciones privadas sin orden judicial. La acción se ampara en el artículo 175 de la Constitución Política, que faculta la acusación al presidente por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones o por indignidad por mala conducta.
El sustento jurídico contra la Casa de Nariño
La solicitud de investigación no solo apunta al presidente Petro, sino que busca identificar a los ejecutores materiales dentro del DNI. Calderón España cita específicamente el artículo 329 de la Ley 5ª de 1992, el cual establece el procedimiento para denuncias contra altos funcionarios del Estado.
“La denuncia o la queja que se formule contra el Presidente de la República... por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, por indignidad, por mala conducta o por delitos comunes, se presentará por escrito acompañado de las pruebas que tenga el denunciante”, reza el texto legal citado en la radicación. Asimismo, se invoca el artículo 192 del Código Penal Colombiano para tipificar la presunta conducta delictiva.
Este proceso administrativo pone a la Comisión de Acusaciones en el centro del debate nacional, en un momento donde la independencia de los organismos de inteligencia y la seguridad de los líderes de oposición se han convertido en el eje de la agenda pública. Por ahora, el Gobierno Nacional no ha emitido una respuesta oficial ante la radicación de esta nueva denuncia que vincula al DNI con el seguimiento a contradictores políticos.