La Procuraduría General de la Nación solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca adoptar una medida cautelar para detener el nuevo esquema de expedición de pasaportes, tras identificar posibles fallas en los acuerdos firmados entre la Cancillería, la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa de la Moneda de Portugal.
La solicitud fue presentada días atrás, en medio de la implementación del modelo promovido por el Gobierno Petro.
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Procuraduría asegura que hay irregularidades en el nuevo modelo de pasaportes
De acuerdo con El Heraldo, el organismo de control pidió suspender los efectos de los contratos mientras se analiza su legalidad, al considerar que existen dudas de fondo sobre la forma en que fueron estructurados.
Entre los principales reparos se encuentra la ausencia de análisis previos que respalden la decisión de contratar directamente con la entidad portuguesa. Para la Procuraduría, esta omisión afecta la transparencia del proceso y limita la posibilidad de comparar opciones en el mercado.
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Otro punto clave tiene que ver con la naturaleza jurídica de la Casa de la Moneda de Portugal. Según el ente de control, esta no tendría el carácter de entidad pública en su país, lo que pondría en entredicho la validez del mecanismo utilizado para concretar el acuerdo, dado que los convenios interadministrativos requieren que las partes sean estatales.
A estas observaciones se suman inquietudes sobre la forma en que se autorizaron los compromisos presupuestales a futuro, el proceso de aprobación del convenio y el manejo de pagos en divisas.
Un rol limitado para la Imprenta Nacional
En una actuación preventiva adelantada en agosto de 2025, la Procuraduría concluyó que la Imprenta Nacional de Colombia tendría una participación reducida dentro del modelo. Su intervención se concentraría en la personalización de los documentos, mientras que las labores principales quedarían en manos del operador extranjero.
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Este esquema, según el análisis del Ministerio Público, altera la esencia del convenio interadministrativo, ya que una de las entidades públicas involucradas no asumiría funciones sustanciales. En ese contexto, el organismo considera que lo procedente habría sido adelantar una licitación abierta que permitiera la participación de distintos proveedores con experiencia en el sector.
La Procuraduría también enfatizó en la necesidad de una decisión rápida por parte de la justicia. A su juicio, permitir que el modelo continúe ejecutándose podría consolidar situaciones difíciles de revertir más adelante, tanto en lo contractual como en lo operativo.