La tensión política en Colombia ha alcanzado un nuevo punto de ebullición. Tras conocerse la decisión de la Fiscalía General de la Nación de suspender las órdenes de captura de 23 peligrosos cabecillas de bandas criminales del Valle de Aburrá, la senadora Paloma Valencia ha emitido una de las críticas más feroces contra la administración actual, calificando el proceso como una estrategia política vinculada a la criminalidad.
Le puede interesar: ¿Cambio de postura? El trino de 2011 con el que Galán supuestamente rechazaba obras en la Séptima
El detonante: Libertad para los “pesos pesados” de La Oficina
La resolución judicial, adoptada en las últimas horas de marzo de 2026, ha permitido que siete líderes de estructuras criminales ligadas a “La Oficina” recuperen su libertad. Entre los nombres que ahora transitan las calles se encuentran figuras de alto perfil como Gustavo Adolfo Pérez Peña (alias El Montañero) y Albert Antonio Henao Acevedo (alias Alber).
Estos individuos forman parte de la “mesa de exploración sociojurídica” instalada en la cárcel La Paz de Itagüí, un proceso que, según el Gobierno, busca la paz urbana, pero que para la oposición representa un riesgo inminente para la seguridad nacional.
La fuerte denuncia de Paloma Valencia
La senadora Valencia no ha escatimado en calificativos para describir la situación. Según la congresista, estas liberaciones no son gestos de paz, sino una retribución política.
“Es gravísimo que este gobierno insista en liberar criminales. Esto tiene fines electorales. Hay que recordar que el Pacto Histórico obtuvo más del 54% de los votos en las zonas que la MOE había denunciado con alto índice de peligrosidad por la alta concentración de grupos ilegales”, afirmó Valencia.
La senadora fue más allá al vincular directamente al Gobierno con amenazas contra líderes de la oposición, mencionando el caso de Miguel Uribe. “Fueron ellos los que le dieron licencia a los de la Segunda Marquetalia de estar afuera para que mataran a Miguel Uribe. No aceptamos este juego de impunidad con tintes de ayuda política”, sentenció.
Un proceso bajo la sombra del “Tarimazo”
La controversia no es nueva. El ambiente ya estaba caldeado desde el polémico evento del 20 de junio de 2025, conocido como el “tarimazo”, donde el presidente Gustavo Petro compartió tarima en Medellín con varios de estos cabecillas.
A pesar de que la senadora Isabel Zuleta defiende el proceso argumentando una reducción en la tasa de homicidios en Medellín, la realidad jurídica es frágil: el diálogo de exploración aún no cuenta con un marco jurídico aprobado por el Congreso, lo que deja las liberaciones en un limbo legal que la oposición califica de “claudicación del Estado”.
Los 23 beneficiados por la medida
La lista de los cobijados por la suspensión de órdenes de captura incluye a figuras históricas del crimen organizado en Antioquia, tales como:
- Freyner Alfonso Ramírez García (alias Carlos Pesebre)
- Juan Carlos Mesa Vallejo (alias Tom)
- Sebastián Murillo Echeverri (alias Lindolfo)
- José Leonardo Muñoz Martínez (alias Douglas)
Mientras el Gobierno y sectores afines, como el candidato presidencial Iván Cepeda, insisten en que este es el camino para desmantelar las bandas en las comunas, para Paloma Valencia y gran parte de la opinión pública, se está gestando un precedente peligroso donde la justicia se canjea por lealtades electorales en los territorios más vulnerables del país.