El Gobierno del presidente Gustavo Petro oficializó este martes una ruptura de relaciones con el Banco de la República. La crisis institucional se dió después del retiro indefinido del ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, de la sesión de la Junta Directiva del emisor, en protesta por el aumento de 100 puntos básicos en la tasa de interés de política monetaria, indicador que se ubicará en 11,25 %.
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Ávila se negó a participar en la tradicional rueda de prensa conjunta con el gerente del banco, trasladando su pronunciamiento a la sede del Ministerio. Desde allí, el jefe de la cartera económica lanzó duras críticas a la postura de los codirectores y acusándoos de presuntamente frenar la reactivación productiva del país.
“Estas reflexiones son permanente y reiteradamente desconocidas por parte de estos miembros de la junta directiva y hoy han llegado a un exceso en la búsqueda de esa manera de interpretar la realidad del país”, sentenció el ministro de Hacienda. Ávila advirtió que el incremento de 100 puntos afectará “de manera sostenida y significativa las dinámicas de la economía”.
El choque entre la banca financiera y la economía real
Para el Ejecutivo, el alza desproporcionada de las tasas responde a los intereses de un sector muy específico y desconoce el impacto real sobre el aparato productivo. El ministro de Hacienda sustentó su retiro argumentando que la inflación actual no es producto de un exceso de demanda en los hogares, sino de choques externos como el precio internacional de los combustibles, la guerra en Irán y los estragos de la ola invernal.
“En estas circunstancias, el Ministerio ha tomado la decisión de retirarse de la Junta Directiva, y se realiza en el día de hoy, de el Banco de la República, y establecer claramente entre el Gobierno y el Banco de la República una distancia significativa; y solamente será reconsiderada en la medida en que el Banco de la República entienda que debe haber una coherencia con la realidad económica del país y con la realidad social del país”, sentenció Ávila de forma categórica.
El jefe de la cartera económica dejó claro que esta medida extrema solo será reconsiderada cuando la institución demuestre coherencia con las necesidades del país. En una de sus declaraciones más fuertes, cuestionó la autonomía del emisor frente a los mercados de capitales:
“No podemos seguir siendo artífices de una política monetaria que solamente responde a los intereses de un pequeño núcleo de inversionistas, de representantes del sector financiero. El Gobierno considera que representamos al conjunto de la sociedad colombiana y esto no es lo que se está reflejando en la Junta directiva”, puntualizó el ministro.
¿Cómo impacta esta decisión el bolsillo y el empleo de los colombianos?
Detrás de este pulso político, la preocupación central del Ministerio de Hacienda radica en la generación de empleo y el costo de vida. Según Ávila, elevar drásticamente el costo del endeudamiento paraliza de manera inmediata a la industria manufacturera, la producción agropecuaria y a las microempresas, sectores que sostienen el tejido laboral nacional.
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El funcionario advirtió que el equipo económico del banco basa sus decisiones en encuestas realizadas a 25 entidades financieras y centros de pensamiento, los cuales, según el Gobierno, tienen intereses cruzados en la búsqueda de rentabilidad con la deuda pública.
“Creemos que esa independencia no puede ser una independencia de la sociedad y del conjunto de la estructura económica del país. Se argumenta también la función constitucional de controlar la tasa de inflación y creemos que, efectivamente, debe trabajarse en mantener un criterio de regulación de la tasa de inflación. Sin embargo, las metas establecidas son metas que, en la actual coyuntura, están yendo en contravía del sostén de la sostenibilidad de la economía y no están registradas como un referente constitucional, sino que han sido elaboradas de manera poco consistente con la realidad económica del país”, advirtió Ávila.
El distanciamiento entre la Casa de Nariño y el banco central se mantiene en firme, mientras el ministro confirmó que los próximos pasos frente a la participación oficial en la Junta Directiva serán evaluados directamente con el presidente Gustavo Petro.