La sombra de la impunidad y la violencia vuelve a cernirse sobre uno de los procesos judiciales más sensibles de Colombia. Este sábado 28 de marzo de 2026, el candidato presidencial Miguel Uribe Londoño lanzó una alerta incendiaria: existiría un plan criminal en marcha para asesinar a los fiscales e investigadores encargados de esclarecer el magnicidio de su hijo, el senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay.
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A través de una carta pública dirigida al país, Uribe Londoño calificó el asesinato de su hijo —ocurrido el año pasado— como un “crimen de lesa humanidad” y advirtió que las estructuras criminales ahora buscan decapitar la investigación mediante el terror.
El enemigo en la sombra: La Segunda Marquetalia
En el documento, la familia de la víctima identifica con nombre propio a los presuntos responsables de estas amenazas: la disidencia de las Farc conocida como la Segunda Marquetalia. Según la denuncia, este grupo armado estaría ofreciendo millonarias sumas de dinero para atentar contra la vida de los funcionarios judiciales.
“Aquí no solo se está investigando un crimen. Se está defendiendo la democracia y sus instituciones”, sentencia Uribe Londoño en su misiva, subrayando que la estabilidad institucional de Colombia depende de que este proceso no sea archivado por el miedo.
Medidas urgentes y protección internacional
Ante la gravedad de las informaciones, que habrían sido confirmadas por la propia Fiscalía General de la Nación, el líder político exigió un refuerzo inmediato en los esquemas de seguridad de los investigadores y sus núcleos familiares. Sin embargo, la estrategia de defensa no se quedará solo en el ámbito local.
La familia confirmó que acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que ya monitorea el caso, para solicitar medidas cautelares urgentes. El objetivo es doble:
- Proteger la integridad física de los funcionarios.
- Garantizar que el proceso avance sin las presiones externas que buscan la impunidad.
Un país en duelo y reflexión
Cabe recordar que tras el asesinato de Miguel Uribe Turbay, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, decretó tres días de duelo en la capital, un hecho que marcó un punto de inflexión en la política nacional de 2025. Hoy, un año después, el caso entra en su etapa más crítica.
La denuncia de este plan pistola contra la justicia pone a prueba la capacidad de respuesta del Estado en un contexto electoral complejo. Para Uribe Londoño, no se trata solo de un asunto de seguridad personal, sino de evitar que los actores criminales logren su cometido de “silenciar la verdad” mediante el plomo.
La ciudadanía y los sectores políticos permanecen atentos a la respuesta de la Fiscalía y del Gobierno Nacional ante esta amenaza que escala a niveles internacionales.