En la mañana de este viernes 27 de marzo, la ONU reveló que, según sus cálculos, hay alrededor de 10.000 mercenarios colombianos en el mundo.
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En un pronunciamiento, el Grupo de Trabajo sobre mercenarios de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos destacó la reciente firma del presidente Gustavo Petro de la ley que ratifica la Convención Internacional contra el reclutamiento de mercenarios de 1989.
No obstante, el organismo también alertó sobre los riesgos persistentes asociados al envío de ciudadanos colombianos al extranjero para participar en conflictos armados o desempeñar labores de seguridad privada.
Riesgos persistentes en el reclutamiento
En un comunicado, las expertas señalaron que “la revisión acelerada y la plena aplicación de la nueva ley para prevenir la actividad mercenaria ilegal constituyen un paso esencial hacia la protección de los derechos humanos y el cumplimiento de las obligaciones internacionales”. Sin embargo, advirtieron que el fenómeno del reclutamiento sigue en expansión y requiere atención urgente.
El informe indica que más de 10.000 colombianos podrían haber sido reclutados para participar en conflictos armados en distintas partes del mundo, tanto por vías legales como irregulares. Frente a este panorama, las expertas subrayaron que “es necesario recabar datos más precisos, y abordar las causas originarias, ya que es probable que esta tendencia siga aumentando”.
El documento también señala que los ciudadanos colombianos —en su mayoría exmilitares— son altamente demandados en el sector de la seguridad internacional. Factores como los incentivos económicos, la falta de oportunidades laborales y el crecimiento del reclutamiento en línea han impulsado este fenómeno. Además, las familias de quienes han muerto o desaparecido en estos contextos enfrentan dificultades para acceder a información, especialmente en casos de reclutamiento engañoso o predatorio.
Las expertas advirtieron sobre los riesgos asociados a la proliferación de empresas de seguridad privada no reguladas y al uso de tecnologías avanzadas. “El elevado número de empresas de seguridad privada no reguladas, las armas sin licencia y las tecnologías de alto nivel, como los drones y las herramientas de vigilancia sofisticadas, plantean riesgos para los derechos humanos y la seguridad”, afirmaron.
Si bien reconocieron que los empleos legítimos en el sector de seguridad pueden representar una fuente importante de ingresos para los colombianos, reiteraron que el uso de mercenarios está prohibido por el derecho internacional y constituye una amenaza grave. En ese sentido, recomendaron fortalecer la coordinación interinstitucional, la cooperación internacional y las campañas de sensibilización, así como mejorar las oportunidades económicas en el país.
“Abordar de manera eficaz el reclutamiento de mercenarios no es solo una cuestión nacional, sino que requiere cooperación a nivel regional y mundial”, concluyeron las expertas.
El Grupo de Trabajo presentará un informe completo sobre la situación ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en septiembre de 2026.
*Esta noticia se escribió con ayuda de una inteligencia artificial y fue editado por un periodista