El panorama de los medios de comunicación, las altas cortes y las instituciones políticas en Colombia enfrenta una sacudida sin precedentes. Tras las recientes denuncias de acoso sexual en Caracol Televisión, los señalamientos contra directivos de medios públicos y los relatos de prácticas sistemáticas en la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo ha alzado la voz para declarar que el silencio ya no será refugio para los agresores.
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Estamos ante una violencia estructural. No se trata de casos aislados, sino de un fenómeno que atraviesa todos los niveles de poder, donde el prestigio y la jerarquía se han utilizado históricamente como escudos de impunidad.
El desplome de la cultura del silencio
La reciente ola de denuncias ha puesto nombres propios sobre la mesa. Desde el comunicado de Caracol Televisión activando protocolos por quejas contra dos presentadores, hasta la carta firmada por 40 mujeres periodistas en respaldo a una colega que denunció por abuso sexual en 2019 a Hollman Morris, actual director de RTVC.
A esto se suma el revelador relato de la abogada Ana Bejarano sobre el “judicanteo” en la Corte Constitucional, una práctica normalizada donde el involucramiento sexual con pasantes era un secreto a voces. Ante esto, la Defensora del Pueblo ha sido enfática:
“La cultura del ‘secreto a voces’ tiene que terminar. Mirar para otro lado es una forma de complicidad que ha permitido que estas acciones se perpetúen”.
Datos que estremecen: La realidad de las periodistas
La urgencia de una respuesta institucional se sustenta en cifras alarmantes. Según el informe Violencia de género contra las mujeres periodistas en Colombia:
- 6 de cada 10 mujeres periodistas han vivido violencia de género en sus entornos laborales.
- 8 de cada 10 conocen casos de agresiones contra colegas.
- En la mayoría de los casos, los agresores son personas con alto poder e influencia dentro de las mismas organizaciones.
¿Por qué las mujeres no denuncian de inmediato?
Una de las críticas más comunes hacia las víctimas es el cuestionamiento sobre el tiempo transcurrido antes de hablar. La Defensoría aclara que las mujeres “denuncian cuando pueden, no cuando los hechos ocurren”. El miedo a perder el empleo, las represalias de hombres poderosos y la desconfianza en un sistema judicial que históricamente no confía en las mujeres, son barreras reales.
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Preguntar “¿por qué ahora?” es, según la entidad, una estrategia para deslegitimar a la víctima y sostener el sistema de abuso.
Un nuevo salvavidas: Mecanismo de denuncia en contextos de poder
Como respuesta concreta, la Defensoría del Pueblo anunció el fortalecimiento de su Mecanismo de denuncia de acoso sexual en contextos de poder. Este equipo especializado ofrece:
- Acompañamiento jurídico y psicosocial a víctimas de agresores con influencia política, económica o mediática.
- Gestión de casos para garantizar un acceso seguro y confidencial a la justicia.
- Protección contra la revictimización en escenarios donde la estigmatización social es alta.
Avances necesarios, pero insuficientes
Si bien se reconocen los protocolos activados por la Fiscalía General, la política de equidad de la Corte Constitucional y los comunicados de medios privados, la Defensoría advierte que el desafío es pasar del papel a la acción. Se requieren investigaciones diligentes que prioricen la dignidad de la mujer por encima de la reputación de las instituciones.
La meta es clara: que ninguna mujer en Colombia tenga que elegir entre su estabilidad económica y su integridad personal.