La Corte Suprema de Justicia condenó a más de 23 años de cárcel al senador del Centro Democrático Ciro Ramírez, quien resultó salpicado en el escándalo de corrupción de ‘Las Marionetas 2.0’.
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Tras analizar las pruebas del caso, la alta corte lo encontró responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho impropio e interés indebido en la celebración de contratos.
Así mismo, en la sentencia se advierte que tendrá que asumir una multa de “diecinueve mil cuatrocientos cuarenta y ocho 19.402,48 s.m.l.m.v., que equivalen, para las épocas en que ocurrieron los hechos a la suma de veintidós mil trescientos cuarenta millones seiscientos veinte mil seiscientos docéjmnto 8 pesos ($22.340.620.612,8), que deberá ser consignada a nombre del Ministerio de Justicia”.
Vale decir que esta decisión es de primera instancia y, en ese sentido, Ciro Ramírez aún podrá apelarla. “Acorde a lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2018, contra esta decisión procede el recurso de apelación, ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia”, advirtió la alta corte en la sentencia.
¿Por qué condenaron a Ciro Ramírez?
Entre otras cosas, el texto de la sentencia recordó que la Sala de Instrucción de esa alta corte le abrió una investigación formal a Ciro Ramírez en junio de 2023.
Los hechos por los que lo señalan se presentaron desde septiembre del 2021. La Corte advirtió que para ese entonces Ciro Ramírez se reunió con el entonces gerente de la Empresa para el Desarrollo Territorial Proyecta, Pablo César Herrera Correa. Ambos se encontraron en las instalaciones de la entidad, que queda en el piso 16 de la Gobernación del Quindío.
Allí conversaron sobre un contrato que se había firmado con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS).
Posteriormente, en octubre de ese mismo año, el entonces gerente de Proyecta, el senador Ramírez y el exsubdirector del DPS, Eugenio García Jacquier, tuvieron otro encuentro. “Ello, para discutir la posibilidad de suscribir otro contrato interadministrativo de gerencia integral entre el DPS y Proyecta. Lo anterior, en esencia, para favorecer los intereses electorales y económicos del procesado”, se lee en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia.
Luego, en noviembre, la Corte advirtió que en efecto se celebró un contrato interadministrativo entre el DPS y Proyecta que ascendía a $48.660.119.107.
Así mismo, la Corte señaló que el entramado también habría estado detrás del direccionamiento de otros contratos en distintos municipios.
“Ahora bien, el propósito principal de ese plan, diseñado y promovido por el investigado y García Jacquier, pretendió afianzar el proyecto político de aquél en Quindío, Caldas, Santander y Tolima; ello en conjunción con el pago de dádivas que ascenderían a $1.000.000.000″, sostuvo la Corte Suprema de Justicia en su sentencia.