El Ejército de Liberación Nacional (ELN) puso fin este lunes festivo al paro armado que mantuvo bajo asedio durante seis días al municipio de Bajo Baudó, en el departamento del Chocó. La noticia, confirmada por la Defensoría del Pueblo, marca el cese de las restricciones de movilidad para miles de personas, aunque el organismo advirtió que el levantamiento de la medida no significa el fin de la crisis humanitaria en la región.
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A través de un pronunciamiento oficial, la entidad instó a este grupo guerrillero y a otras organizaciones ilegales a detener las agresiones contra la población civil. “Reiteramos nuestro llamado al ELN y a todos los actores armados a cesar esta práctica, así como los confinamientos, incluso parciales, que se han vuelto recurrentes. Su deber es respetar plenamente el derecho internacional humanitario (DIH) y mantener a las comunidades al margen de las hostilidades”, señaló la Defensoría del Pueblo.
¿Qué pasará con las comunidades confinadas tras el anuncio?
Pese a la reactivación de la movilidad en los ríos, el balance social es crítico. Más de 20 comunidades indígenas y afrodescendientes, sufrieron el desabastecimiento de alimentos y la interrupción total de servicios básicos. La Defensoría subrayó el impacto en la infancia, reportando la suspensión de clases para cientos de niños y niñas debido al riesgo de quedar atrapados en medio de confrontaciones.
“Persisten las consecuencias de varios días sin acceso a bienes y servicios básicos, la interrupción de la asistencia escolar de niñas y niños, y la vulneración de los derechos territoriales de comunidades afrodescendientes e indígenas”, detalló el organismo. La situación de salud también preocupa a las autoridades locales, dado que el bloqueo de las arterias fluviales, únicas vías de transporte en el Bajo Baudó, impidió el traslado de pacientes y la entrada de suministros médicos esenciales.
El contundente mensaje sobre la propiedad del territorio
En su comunicado, la Defensoría fue enfática al cuestionar la gobernanza criminal que intentan imponer los grupos armados en el Pacífico colombiano. “El territorio no les pertenece: pertenece a las comunidades, en especial a los pueblos étnicos, cuya autonomía debe ser respetada y garantizada, con el apoyo de las autoridades locales y nacionales, para que puedan vivir en libertad”, sentenció la entidad.
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Además del ELN, en la zona opera el Clan del Golfo, lo que mantiene a los habitantes en un estado de incertidumbre constante. La Defensoría también rechazó los señalamientos del grupo insurgente contra los funcionarios públicos de la región, afirmando que estas autoridades “cumplen su labor en condiciones sumamente adversas, agravadas por la acción de los grupos armados”.
Riesgo de expansión del conflicto en Chocó
El panorama se torna más complejo tras las denuncias de la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, quien alertó sobre la posible incursión de facciones de las disidencias de las FARC en este corredor estratégico. La mandataria, que denunció haber recibido amenazas directas por parte del ELN durante el paro, ha solicitado una intervención estatal que vaya más allá de la asistencia militar.
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La reactivación de la pesca y el comercio en la cabecera municipal de Pizarro inició este lunes, pero el rastro de la parálisis económica y el miedo a nuevas represalias siguen presentes en las veredas más alejadas.