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Petro cuestiona fallo del Consejo de Estado y respalda a Cielo Rusinque tras anulación de su nombramiento

Petro criticó al Consejo de Estado por anular el nombramiento de Cielo Rusinque y cuestionar sus títulos académicos. Dijo quieren debilitar su gobierno.

Cielo Rusinque y Consejo de Estado
Gustavo Petro habló de la decisión del Consejo de Estado sobre Cielo Rusinque Gustavo Petro, presidente de Colombia, Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio a la que el Consejo anuló nombramiento. (Foto: Presidencia) (Presidencia)

El presidente Gustavo Petro se pronunció a través de X y cuestionó la decisión del Consejo de Estado que anuló el nombramiento de Cielo Rusinque como superintendente de Industria y Comercio, al considerar que el fallo desconoce la validez de títulos académicos internacionales y afecta la institucionalidad.

En el mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario aseguró que lo que se busca es debilitar a su gobierno.

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Petro respondió ante la anulación del nombramiento de Cielo Rusinque

“El Consejo de Estado como institución nació en Francia, pero el Consejo de Estado de Colombia considera que no son creíbles los títulos obtenidos en las más prestigiosas universidades de Francia”.


Además, agregó que “el fallo contra Cielo no solo insulta las instituciones académicas más legítimas del mundo sino que se da para que la Superintendencia de Industria y Comercio no sea independiente de los vigilados poderosos”.

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Petro también dijo que la decisión es un ataque político contra su administración: “Se trata de debilitar mi gobierno a como dé lugar. No importa décadas de estudio comprobado y experiencia como profesora de la Universidad Externado de Colombia”.

Por su parte, Cielo Rusinque reaccionó al fallo con un extenso pronunciamiento en el que cuestionó de fondo la decisión judicial y su sustento jurídico.

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“Con ocasión de la sentencia que declaró la nulidad de mi nombramiento como Superintendente de Industria y Comercio, quiero expresar mi honda preocupación por la distancia del marco del derecho estricto que se advierte en la providencia del Consejo de Estado. En particular, la argumentación desborda el análisis normativo y probatorio y termina por conferir apariencia jurídica a una decisión que resulta muy cuestionable”, señaló.

En su defensa, Rusinque criticó los argumentos del alto tribunal frente a su formación académica: “En primer lugar, el fallo parte de una premisa conceptualmente insostenible: considerar que una maestría en Ciencias Políticas y Sociales realizada en París, en una institución internacionalmente reconocida, carece de relación con las funciones de la Superintendencia, como si los ámbitos de mercado, competencia, consumo y propiedad industrial fueran ajenos a las relaciones de poder que los estructuran”.

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Asimismo, cuestionó que se hayan desconocido certificaciones oficiales y académicas, “a ello se suma la desestimación, sin justificación suficiente, de la certificación del Ministerio de Educación sobre el alcance y núcleo de conocimiento del programa cursado. De igual manera, a pesar de lo certificado por la Universidad de Paris II, una de las más prestigiosas de Europa, sobre la naturaleza y contenido de mi título de maestría, el Consejo de Estado decidió ignorar estos estudios, en lo que es un claro defecto procedimental por exceso ritual manifiesto”.

La exfuncionaria también defendió la validez de sus títulos y la legalidad de su nombramiento: “Resulta, cuando menos, jurídicamente cuestionable que unos magistrados pongan en entredicho la validez o el alcance de un título conferido por la Universidad Paris II Panthéon-Assas, institución de reconocido prestigio internacional. No se trata únicamente de un documento académico, sino de un acto formal investido de presunción de legitimidad”.

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En relación con su experiencia profesional, Rusinque sostuvo que fue indebidamente desconocida: “La providencia adopta un estándar de valoración probatoria abiertamente restrictivo al desconocer mi experiencia como docente investigadora del Externado en el campo del Derecho Público y constitucional, mediante exigencias de detalle que exceden lo razonable”.

Finalmente, dijo que “Nunca se logró desvirtuar la legalidad del acto administrativo de mi nombramiento. En el fondo, más allá de lo jurídico, lo cuestionable e inquietante es que las instituciones judiciales se transformen en armas políticas al servicio de la persecución del progresismo y de las fuerzas que han utilizado todas las formas de lucha para impedir las transformaciones profundas que requiere el país”.

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