El Departamento de Justicia de los Estados Unidos mantiene bajo investigación criminal al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en un proceso que involucra al menos a dos fiscalías federales en Nueva York. Según reveló una investigación publicada este viernes por The New York Times, las averiguaciones están a cargo de las oficinas de los fiscales de los distritos Sur (Manhattan) y Este (Brooklyn), quienes cuentan con el apoyo de agentes de la DEA y del departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).
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El foco de las autoridades estadounidenses se centran en determinar si el mandatario sostuvo reuniones con narcotraficantes y si su campaña presidencial de 2022 solicitó o aceptó donaciones de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.
De acuerdo con las fuentes consultadas por The New York Times, estas investigaciones se encuentran en sus etapas iniciales y, hasta el momento, no se han formalizado cargos criminales contra el jefe de Estado colombiano. El reporte aclara que no existen indicios de que la Casa Blanca haya ordenado el inicio de estos procesos, aunque el contexto político actual juega un papel determinante.
El presidente Donald Trump, quien ha mantenido una relación abiertamente hostil pero con mejoras en los últimos meses con Petro, podría utilizar estos hallazgos como un mecanismo de presión para obtener mayor colaboración en la lucha contra el narcoterrorismo en la región, especialmente considerando que Colombia sigue siendo el principal productor mundial de cocaína.
El rastreo de dólares ilícitos en la campaña presidencial
La justicia estadounidense busca esclarecer si dineros provenientes del narcotráfico permearon la contienda electoral que llevó a Petro al poder hace casi cuatro años, pues esta línea de investigación coincide con procesos previos en Colombia donde se mencionó que personas vinculadas a traficantes intentaron canalizar fondos a través de familiares cercanos al mandatario.
The New York Times subraya que, aunque el hijo del presidente admitió en su momento que dinero ilícito entró a la campaña de 2022, la fiscalía colombiana no ha presentado cargos directos contra el presidente, quien ha calificado estas acusaciones como una persecución con motivaciones políticas para desestabilizar su gobierno.
El impacto de esta investigación trasciende lo judicial y se instala en el panorama electoral de mayo en Colombia. A pesar de que Gustavo Petro no puede optar a la reelección, la presión de Washington podría influir en el apoyo hacia su sucesor designado. Según el rotativo neoyorquino, la administración Trump ha intensificado el uso del sistema legal para avanzar en su agenda exterior en Latinoamérica, citando como ejemplos la captura de Nicolás Maduro en enero y las recientes investigaciones ordenadas contra los líderes de Cuba por cargos de narcotráfico y violencia.
Entre sanciones y tensiones diplomáticas con Washington
La relación bilateral entre Bogotá y Washington que ha ido mejorando puede que experimente un deterioro progresivo marcado por incidentes diplomáticos de alto nivel. The New York Times recuerdó que en septiembre pasado Estados Unidos revocó la visa de Petro durante la Asamblea General de la ONU y que, apenas un mes después, el Departamento del Tesoro impuso sanciones financieras contra el mandatario y su núcleo familiar, congelando sus activos bajo jurisdicción estadounidense. Estas acciones fueron justificadas por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien acusó al gobierno colombiano de permitir que los carteles de la droga prosperaran sin una intervención efectiva.
El historial de tensiones incluye el bloqueo de vuelos militares estadounidenses y fuertes críticas de Petro hacia operativos en el Pacífico donde se hundieron embarcaciones con cargamentos de droga. Aunque en enero se produjo un breve acercamiento tras una llamada telefónica y una visita a la Casa Blanca, la existencia de estas investigaciones federales sugiere que las agencias de ley en Nueva York mantienen un curso independiente del discurso diplomático. Históricamente, Estados Unidos ha esperado a que los jefes de Estado terminen su mandato para desclasificar cargos y solicitar extradiciones, según informó el medio neoyorkino.