En un momento de máxima sensibilidad política y financiera para el país, la candidata Paloma Valencia ha encendido las alarmas sobre el manejo de los recursos en Colpensiones. Según la denuncia, la entidad habría destinado la astronómica cifra de $146.449 millones para la contratación de trabajadores bajo la modalidad de “misión”, una estrategia que, según Valencia, busca evadir los controles legales en tiempos de elecciones.
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La cifra del escándalo: 1.051 vinculaciones bajo la lupa
De acuerdo con los registros del Secop analizados por la oficina de la candidata, con corte a diciembre de 2025, ya se habían vinculado 1.051 trabajadores mediante este esquema. El contrato, que inicialmente estaba previsto hasta finales del año pasado, fue prorrogado hasta el 30 de junio de 2026, coincidiendo con el calendario electoral.
Valencia calificó esta maniobra como “burocracia pura y dura”, señalando que el uso de empresas de servicios temporales permite a las entidades estatales ocultar el crecimiento real de su planta de personal.
El “maquillaje” burocrático y la Ley de Garantías
Uno de los puntos más críticos de la denuncia radica en cómo esta modalidad de contratación afectaría la transparencia administrativa. Al tratarse de contratos regidos por el derecho privado, la entidad podría estar sorteando las restricciones de la Ley de Garantías, que busca impedir que los recursos públicos se utilicen para influir en las contiendas electorales.
“La figura de contratación por derecho privado les permite evadir la Ley de Garantías y esconder la burocracia”, afirmó de manera tajante la candidata.
¿Riesgo para el ahorro de los trabajadores?
La senadora y candidata también vinculó este presunto derroche con la implementación de la reforma pensional. Según su tesis, existe un peligro latente de que los recursos destinados al ahorro de los trabajadores colombianos terminen financiando:
- Gastos administrativos excesivos.
- Eventos de gran magnitud.
- Campañas de publicidad institucional.
Llamado urgente a la Contraloría
Ante la gravedad de los hallazgos, Paloma Valencia solicitó formalmente a la Contraloría General de la República una intervención inmediata. El objetivo es determinar si existe una responsabilidad fiscal por el uso de estos $146 mil millones y si la prórroga del contrato obedece a necesidades técnicas reales o a una estrategia de vinculación masiva de personal con fines políticos.
Hasta el momento, las directivas de Colpensiones no han emitido un pronunciamiento oficial sobre este contrato que, por su magnitud, ya se perfila como uno de los debates centrales de la agenda de control político en este 2026.