Un terremoto institucional sacude a la rama judicial en el Caribe colombiano. Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el fiscal seccional Leopoldo Eduardo Montes Dávila y dos patrulleros de la Sijín de la Policía Metropolitana de Santa Marta, identificados como Javier Tapias Madera y Wladimir José Sanjuan Márquez.
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Los procesados son señalados de orquestar una red de corrupción para interceptar mercancía legal y realizar exigencias económicas millonarias a comerciantes a cambio de no judicializarlos bajo cargos falsos.
El “falso positivo” de los 15 motores
Los hechos que hoy tienen a estos funcionarios tras las rejas se remontan al pasado 24 de enero. Según los elementos materiales probatorios, los uniformados y el fiscal habrían aprovechado sus cargos para inmovilizar un tractocamión que transportaba 15 motores importados.
El vehículo, que había salido de la zona portuaria con destino a Medellín, fue interceptado en inmediaciones de Bosconia (Cesar). Bajo una supuesta sospecha de narcotráfico y contrabando, el camión fue desviado a un parqueadero, iniciando así una serie de maniobras para darle apariencia de legalidad a un procedimiento que, según el ente investigador, fue totalmente irregular.
De 300 a 100 millones: El precio del “favor”
La investigación reveló que, al día siguiente de la retención, el fiscal Montes Dávila emitió un oficio oficial para poner el automotor y la carga a disposición de su despacho. No obstante, el objetivo real era otro: el lucro ilícito.
“El propietario de la mercancía se reunió con los hoy procesados, quienes presuntamente le exigieron inicialmente la suma de 300 millones de pesos para devolverle los motores. Tras negociaciones, la cifra bajó a 100 millones de pesos", señala el informe de la Dirección Especializada contra la Corrupción.
Para encubrir el rastro, el fiscal habría asumido un caso que no era de su competencia, insertando las actuaciones dentro de un proceso judicial abierto por hechos totalmente distintos, configurando una grave alteración de la administración de justicia.
Los cargos: Concusión y Prevaricato
Ante la contundencia de las pruebas, una fiscal delegada ante tribunal imputó a los tres involucrados el delito de concusión. Adicionalmente, al fiscal Montes Dávila se le formuló el cargo de prevaricato por omisión agravado, debido a su rol jerárquico y la manipulación del sistema judicial.
Este caso se suma a los esfuerzos de la Fiscalía por depurar las instituciones en el departamento del Magdalena, donde la transparencia judicial ha estado bajo la lupa de la opinión pública en los últimos meses. Por ahora, los tres implicados deberán esperar su juicio tras las rejas, mientras se investiga si existen más víctimas de este modus operandi.