La Procuraduría General de la Nación acabo de confirmar este 17 de marzo que el fallecimiento del menor Kevin Arley Acosta Picó, quien padecía hemofilia, no fue una muerte inevitable, sino el resultado de una omisión sistemática por parte de la Nueva EPS. Según el informe del ente de control, la entidad promotora de salud falló en garantizar el suministro oportuno del medicamento Emicizumab, lo que derivó en una crisis clínica irreversible para el niño de 12 años.
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La investigación estableció que Kevin Arley estuvo prácticamente dos meses sin recibir su tratamiento biológico. El quiebre en la atención se originó cuando la IPS Medicarte suspendió la entrega de fármacos a sus afiliados debido a la falta de pago por parte de la Nueva EPS. Aunque se intentó un traslado a la IPS Integral, esta última tampoco pudo asumir la carga asistencial porque la EPS, intervenida actualmente por el Gobierno, tampoco le giró los recursos necesarios.
Un vacío administrativo que cobró una vida
La investigación liderada por la Procuraduría desglosa una cadena de fallas financieras que terminaron en tragedia. El menor recibía atención en la IPS Medicarte. Sin embargo, esta entidad “había suspendido la entrega del medicamento a sus pacientes por falta de pago de la Nueva EPS”.
Ante la crisis, se intentó un traslado hacia la “IPS Integral, que debía recibir los pacientes de Medicarte, no pudo asumir ese compromiso, porque la Nueva Eps tampoco le giraba recursos”. El hallazgo más doloroso de la entidad de control revela el abandono absoluto del sistema: “Cuando Kevin falleció no estaba asignado a una IPS”.
Investigación penal y disciplinaria contra la intervención
El impacto del caso ha generado acciones legales inmediatas. La Procuraduría anunció que una “copia de este informe será compulsada a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue a las personas que hayan tenido alguna responsabilidad” en el fallecimiento del menor.
En el ámbito administrativo, el organismo “abrirá investigación disciplinaria contra Óscar Galvis, interventor de la Nueva EPS”, buscando determinar por qué no se aseguraron los flujos de dinero necesarios para salvar la vida del paciente. Galvis, quien lidera la entidad luego de la intervención del Gobierno Nacional, deberá responder por la interrupción de los servicios de salud que hoy son hacen parte de investigación penal.
La tragedia de Kevin Acosta podría repetirse. La Procuraduría advirtió que “otros 2.000 pacientes adscritos, primero a Medicarte y después a Integral, podrían estar en alto riesgo”, ya que actualmente carecen de una atención médica asegurada debido a la inestabilidad financiera de la EPS intervenida.
Este dictamen del Ministerio Público contradice directamente el discurso de normalidad que habían sostenido el presidente Gustavo Petro y el Ministerio de Salud, Guillermo Jaramillo. Mientras el Ejecutivo ha mantenido una postura algo así como negacionismo frente a las denuncias de desabastecimiento y crisis financiera en las EPS intervenidas, calificando las alertas como ataques políticos, la Procuraduría documenta con este caso una realidad de desatención que ya cobró una vida y amenaza a miles más en todo el país.