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Procuraduría abre investigación por presuntas fallas en costoso contrato de cámaras de seguridad en Bogotá

Ocho servidores y exservidores de la administración distrital serán investigados por las supuestas deficiencias en este contrato.

Procuraduría General de la Nación
Procuraduría General de la Nación Foto: archivo.

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación contra ocho servidores y exservidores de la Alcaldía de Bogotá por presuntas irregularidades en un millonario contraro destinado a la instalación de cámaras de videovigilancia. Las personas señaladas hacen o hicieron parte de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá habrían presentado deficiencias en la planeación del contrato SCJ-1904-2023.

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El análisis preliminar de la entidad advierte que podrían fallas en el bilateral, de más de 14.300 millones de pesos. Su propósito era implementar un sistema de reconocimiento de placas (LPR) para fortalecer la seguridad de la ciudad, particularmente en la definición de los sitios de instalación, la disponibilidad de acometidas eléctricas, la gestión de permisos para intervenir el espacio público y la estimación del tiempo de ejecución del contrato.

Sin embargo, estas situaciones habrían presentado retrasos, suspensiones y prórrogas contractuales, lo que, según la Procuraduría, podría afectar la eficiencia del proyecto y el cumplimiento de su objetivo. El Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas técnicas y documentales, con el apoyo de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, para determinar si las dificultades detectadas eran previsibles desde la etapa de planeación del contrato.


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Por esta situación, los investigados son: Óscar Antonio Gómez Heredia, César Andrés Restrepo Flórez, Diana Carolina Zarate Pérez, Helga Milena Hernández Reyes, Ada Luz Sandoval Herazo, Iván Hersayn Pinilla Herrera, Sandra Milena Santafé Patiño y Jairo Alonso Bohórquez Blanco.

Igualmente, el ente de control dispuso compulsar copias para investigar en un proceso separado las presuntas irregularidades en la ejecución del contrato.

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