La psicóloga Catalina Giraldo Silva, de 30 años, se convirtió en el primer caso público en Colombia de una paciente que solicita acceder al suicidio médicamente asistido, una figura despenalizada por la Corte Constitucional pero que aún no cuenta con regulación específica. Su petición abrió un debate nacional sobre los alcances del derecho a la muerte digna en el país.
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Giraldo padece trastorno depresivo mayor, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad no especificado. Según su testimonio, ha pasado más de la mitad de su vida enfrentando síntomas severos que afectan su funcionamiento diario. “Es como una sensación de vacío con la vida, como que no hay sentido, que hay algo como que está mal. Yo ese vacío lo siento físicamente, lo siento en mi pecho y me duele”, relató.
La paciente aseguró que también presenta episodios de ansiedad intensa, insomnio y pensamientos recurrentes de autolesión, lo que ha deteriorado significativamente su calidad de vida. “Y yo siento que es un infierno, que, por ejemplo, sentir que el corazón se te acelera, que no puedes respirar bien, que te tiemblan las manos, que tienes ganas de lastimarte, que quieres hacerte daño, y luchar todo el tiempo con eso es muy desgastante también”, explicó.
¿Por qué solicitó el suicidio médicamente asistido?
Tras años de tratamiento sin mejoría clínica, Giraldo decidió en 2025 solicitar acceso a la muerte digna mediante suicidio médicamente asistido. De acuerdo con su relato, ha probado cerca de 40 esquemas farmacológicos, ha sido hospitalizada en nueve ocasiones y se ha sometido a tres ciclos de terapia electroconvulsiva.
“Porque para mí ya es suficiente”, afirmó sobre su decisión.
A diferencia de la eutanasia el suicidio médicamente asistido implica que el profesional suministre el fármaco para que el paciente lo autoadministre. Esta modalidad fue despenalizada en 2022 por la Corte Constitucional, pero no ha sido reglamentada por el Congreso ni por el Ministerio de Salud.
En octubre de 2025, Giraldo solicitó a su EPS Sanitas la autorización del procedimiento, argumentando que su condición es grave, resistente a tratamiento y le genera sufrimientos incompatibles con su idea de vida digna.
¿Qué busca con este procedimiento?
La paciente manifestó que su intención es evitar una muerte solitaria y permitir que su familia pueda acompañarla en el proceso de forma legal y segura.
“Es un intento para que mi mamá y para que mi hermana no tengan que vivir esto de manera violenta (…) Tal vez de esta manera ellas me puedan acompañar en el proceso”, señaló.
También explicó que la decisión fue comunicada previamente a su familia, quienes inicialmente reaccionaron con dificultad pero finalmente aceptaron acompañarla. “Mi mamá y mi hermana me dijeron que lo que les estaba pidiendo era muy difícil, pero que me iban a acompañar”.
¿Por qué no ha podido acceder al procedimiento?
Aunque la Corte Constitucional despenalizó la asistencia médica al suicidio en 2022, no existe una reglamentación que establezca cómo debe aplicarse. Por esta razón, su solicitud fue negada, lo que dejó el caso en un vacío jurídico.
Con asesoría de su abogado, Lucas Correa, Giraldo interpuso una acción de tutela para exigir la protección de su derecho a morir dignamente y solicitar que la Corte ordene la regulación del procedimiento.
“Lo que nosotros esperamos es que la Corte mire de frente esta barrera y que ella pueda acceder a una muerte segura, acompañada y protegida”, explicó Correa.
El jurista señaló que la principal diferencia entre eutanasia y suicidio médicamente asistido radica en quién ejecuta el acto final.
¿Qué dice su familia sobre la situación?
La madre de Catalina, Ángela Silva, aseguró que ha acompañado a su hija durante años de tratamientos y crisis, y que considera que su calidad de vida actual no es digna.
“Yo no puedo concebir la vida de Cata como hoy. Eso no es vida para ella. Ella no está viviendo dignamente. No está viviendo”, afirmó.
Mientras la Corte Constitucional estudia el caso, la paciente continúa a la espera de una decisión que podría sentar un precedente sobre la aplicación del suicidio médicamente asistido en Colombia y abrir un nuevo capítulo en el debate sobre los derechos al final de la vida.