Los gobiernos de Colombia y Venezuela acordaron la hoja de ruta para la reparación de cinco kilómetros de tubería del gasoducto binacional Antonio Ricaurte, en el lado colombiano, que permitirá el ingreso al país del energético proveniente de la hermana república.
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La hoja de ruta se acordó en una reunión estratégica en la que participaron representantes de los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Minas y Energía, y de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), así como de Petróleos de Venezuela S.A. – Pdvsa.
El encuentro se dio como parte del trabajo previo a la reunión que sostendrán el próximo viernes 13 de marzo los presidentes Gustavo Petro y su homóloga (e) Delcy Rodríguez. Una de las prioridades de Colombia y Venezuela es avanzar en el plan de reactivación de la cooperación energética.El primer paso para la reparación de la infraestructura de transporte de gas es la reactivación de la licencia ambiental que permanece interrumpida desde 2019, y que es requisito indispensable para ejecutar las obras de reposición del tramo de tubería que fue desmantelada en territorio colombiano.
También se verificó la no existencia de procesos sancionatorios que faciliten el inicio de las labores de reposición a cargo de Pdvsa, en cumplimiento de las normas ambientales y respetando el trazado original del gasoducto.
Las partes acordaron una nueva mesa técnica que se encargará de presentar a la Anla un plan detallado para la sustitución del tramo de cinco kilómetros de tubería. El material para la reposición ya se encuentra en el lado venezolano de la zona de frontera de Paraguachón.
El Gasoducto Antonio Ricaurte fue inaugurado en 2007 y cuenta con una longitud de 225 kilómetros entre ambos países. Su primera fase buscaba llevar gas desde La Guajira hasta el Lago Maracaibo y fue interrumpido en 2019, antes de activarse la segunda fase para transportar la molécula desde Venezuela a Colombia. Este gasoducto tiene una capacidad de transporte de 500 millones de pies cúbicos de gas y fue financiado por Venezuela con USD $230 millones.
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“Desde la Anla hemos sido enfáticos en que, mientras la reposición de la tubería se realice sobre el trazado inicial, las medidas y condiciones técnicas aprobadas no variarían y, en estas condiciones, el procedimiento pasaría como un cambio menor en los procedimientos ambientales”, señaló Irene Vélez Torres, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e).
Por su parte, el ministro de Minas aseguró que “estamos trabajando de manera articulada con el sector ambiental y las autoridades técnicas para reactivar la licencia y permitir la sustitución del tramo de tubería que nos permita traer la molécula de gas desde Venezuela”.